El Tribunal de Cuentas fiscalizará este año la contabilidad de las elecciones al Parlamento de Cantabria en 2019 y algunos ejercicios de la Universidad de Cantabria (UC) y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Así se recoge en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para este año, aprobado el pasado 20 de diciembre por el Pleno de este órgano y consultado por Europa Press.

Según se recoge, la fiscalización de la contabilidad de las elecciones al Parlamento de Cantabria de 2019 se llevará a cabo por "mandato legal", mientras que la de la UIMP, que afecta al año 2017, ha sido "por iniciativa" del Tribunal de Cuentas. Mientras, la de la UC abarcará los ejercicios 2016 y 2017 y se llevará a cabo dentro de las fiscalizaciones que el Tribunal llevará a cabo en el ámbito de los sectores públicos autonómicos y local.

Además, el Programa contiene las fiscalizaciones que han de realizarse por mandato legal, las solicitadas por las Cortes Generales, así como las programadas por el Tribunal de Cuentas. En el mismo, se recogen las fiscalizaciones que se prevé que el Pleno apruebe en el año natural, y las que se encontrarán en curso cuando este finalice y se aprobarán en 2020. Este último es el caso del informe anual de la comunidad autónoma, relativo a 2018, que se prevé aprobar el año que viene.

Entre las nuevas iniciativas fiscalizadoras del Tribunal para 2019, el Programa incluye, en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos, fiscalizaciones sobre normativa, desarrollo energético y transferencias para compensar los costes del sector eléctrico; contratos patrimoniales celebrados por ministerios; gestión de ayudas y subvenciones, en favor de inmigrantes y refugiados, ha informado en un comunicado el Tribunal de Cuentas.

Además, se fiscalizarán actuaciones del Ministerio de Transición Ecológica, en relación cambio climático; y actuaciones en defensa de la desertificación. Asimismo, también prevé la fiscalización de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos o los Programas de Fomento de las industrias culturales y Registros vinculados con la fe pública.

Se analizará también el impacto normativo en determinados ministerios y organismos autónomos relacionados con infraestructuras y equipamientos de seguridad del Estado y de la defensa; la adecuación a la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución (MUR); de las actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear para la implementación de los ODS relacionados con la energía, o de las medidas adoptadas por Agencia Estatal de Administración Tributaria, en materia de comercio electrónico.

Se fiscalizará por parte de este órgano la tramitación de quejas, consultas y reclamaciones y la imposición y cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercado; de determinadas inversiones en el exterior y del Museo Nacional del Prado.

En el ámbito de la Seguridad Social, el Programa contiene, entre otras actuaciones, la fiscalización sobre la gestión y control de pagos al personal de la Mutuas; las inversiones de naturaleza informática de la Gerencia Informática; la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social; y la realización de una moción sobre los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del sistema.

En el ámbito empresarial, destacan las fiscalizaciones que tendrán por objeto las operaciones financieras de apoyo de SEPI a su grupo; la actividad económico financiera de MERCASA; la adaptación de los medios propios a las exigencias de la nueva normativa de contratos y el sistema retributivo y de designación o contratación de órganos de gobierno y dirección de las entidades del sector no financiero. En lo que respecta a las fundaciones estatales, se fiscalizaran las medidas implantadas para dar cumplimiento a la normativa sobre igualdad.

Entre las nuevas iniciativas del Tribunal en el sector público autonómico se abordará, además del correspondiente informe global, las fiscalizaciones de seguimiento de recomendaciones del Tribunal en el informe sobre las medidas adoptadas por las comunidades autónomas para la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; de universidades de comunidades autónomas sin órgano de control externo, así como de la contratación de dichas comunidades; y de los procesos de extinción de entidades como consecuencia de la reestructuración del sector público autonómico.

En el ámbito local, se llevarán a cabo, entre otras, las fiscalizaciones -en relación con diversos colectivos de entidades- de las actuaciones realizadas en el respectivo marco del Plan extraordinario y urgente por el empleo; de contratos celebrados por las sociedades mercantiles dependientes; de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas; de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública, así como de los gastos de personal e indemnizaciones por razón del servicio. También se fiscalizarán los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales; y las tasas y precios públicos gestionados por los ayuntamientos de municipios de población superior a 500.000 habitantes.

Por otra parte, además de las fiscalizaciones de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, el Programa aborda la fiscalización de los comicios electorales locales, autonómicos -entre ellos el de Cantabria- y al Parlamento Europeo que tendrán lugar este año.

Además, continuará prestándose especial atención a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres y se incorporará en las directrices como objetivo de las fiscalizaciones, la verificación del cumplimiento de las prescripciones de transparencia establecidas por la normativa y en un considerable porcentaje de fiscalizaciones, la sostenibilidad ambiental.

Independientemente a lo anterior, el Tribunal de Cuentas ha programado nuevas actuaciones fiscalizadoras en el ámbito internacional, entre las que se encuentran: la Auditoría coordinada internacional en Áreas Protegidas; la participación nacional en el Proyecto del Avión de combate Europeo (Eurofigther) y la Auditoría coordinada de la resolución.