La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará desde este lunes, 9 de octubre, al miércoles, día 11, a partir de las 10.00 horas, al encargado de una empresa de artes gráficas de Guarnizo que, con ayuda del administrador de otra sociedad, cargó cheques bancarios contra las cuentas de la compañía por importe de 104.000 euros.

La Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión tanto para el encargado como pare el otro acusado que se encargó de cobrar algunos de los cheques al imputarles un delito continuado de estafa y de apropiación indebida con abuso de firma.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público les reclama una multa de 4.500 euros y la devolución de la cantidad apropiada, 104.000 euros que deberá abonar el que era empleado de la empresa y solidariamente el otro acusado hasta una cantidad de 60.700 euros.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal indica que el encargado de la empresa tenía poderes de contratación, cobros y pagos pero no tenía otorgada la representación legal de la empresa ni autorización ni firma para las cuentas bancarias.

Por ello era habitual que el administrador de la empresa dejase pagarés y cheques firmados en blanco contra las cuentas bancarias de la sociedad para que se pudiesen atender las obligaciones diarias.

Entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, el encargado se aprovechó de esa situación y rellenó cheques y pagarés con cantidades que en todos los casos superaban los 400 euros y que utilizó para enriquecerse o pagar sus deudas. Además, según indica el fiscal, permitió que terceras personas se hiciesen con ese dinero.

Durante ese año, efectuó un total de 12 operaciones por importe de 104.000 euros, la de menor cantidad fue de 2.250 euros y la mayor alcanzó los 37.000 euros, según detalla el fiscal, que explica que para el cobro contó con la ayuda del otro acusado, administrador único de otra empresa, que cobró en su favor o endosó a terceros la mayoría de esos efectos.

En la vista, la empresa afectada ejercerá la acusación particular pidiendo una pena de cinco años de prisión para cada uno de los dos acusados, una multa de 6.750 euros y la devolución del dinero del que se apropiaron.