El sindicato USO ha anunciado este lunes en rueda de prensa su intención de presentar en los próximos días en los tribunales una demanda contra el acuerdo firmado el pasado 24 de enero entre la empresa Solvay, ubicada en Barreda (municipio de Torrelavega), y los sindicatos UGT y CCOO. Dicho acuerdo fija el ajuste de plantilla para reducir 52 empleos mediante despidos objetivos individuales. USO no lo firmó “ni participamos en la celebración con ágape incluido, por considerar una obscenidad celebrar un acuerdo para despedir trabajadores y destruir 52 empleos”, ha dicho. El sindicato ha manifestado que su rechazo al acuerdo “está fundado en profundas diferencias de forma, de fondo y por ética sindical”, entre las que ha citado la “ausencia total de un plan industrial creíble para abordar los retos y amenazas de la fábrica reconocidos por la empresa, por contener unas indemnizaciones por despido insuficiente pero sobre todo discriminatorias. “Se fija la indemnización en función de la edad y cambiando el criterio legal de salario y antigüedad, es decir a mayor edad menor indemnización”, ha destacado. Y ha añadido también “la limitada garantía de empleo de dos años y el atropello de los derechos de los trabajadores de las empresas de contratas, que serán despedidos para recolocar a los trabajadores de la planta de cloro cerrada”.

El sindicato ha manifestado que desde el inicio de las reuniones, defendió y reclamó negociar un ERE y no despidos objetivos individuales, y que a ello se opuso tanto Solvay como los sindicatos UGT y CCOO. “Unos de los motivos que lleva al sindicato a pedir un ERE es que la diferencia de hacer 52 despidos por un ERE o por despidos objetivos individuales supone dejar de ingresar al Tesoro Público 62.146 euros por trabajador, que contabilizando los 52 despidos supera los 3.200.000 euros”, ha asegurado USO, que ha destacado que “las empresas como el Grupo Solvay, con beneficios (Solvay, más de 1.000 millones de euros el último ejercicio), cuando despiden a trabajadores mayores de 50 años deben ingresar al Tesoro Público el coste de la prestación por desempleo y cotización a la Seguridad Social. Para el sindicato, fijar las indemnizaciones únicamente en función de la edad del trabajador “vulnera el derecho constitucional de igualdad y no discriminación”.

El representante de USO ha asegurado que el sindicato no mirará para otro lado y “defenderá la legalidad, desde la ética sindical”, por lo que ha anunciado una batería de actuaciones: presentar una demanda judicial en los próximos 20 días, instar a Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que revise la legalidad de la tramitación y el contenido del acuerdo para realizar 52 despidos objetivos individuales, reclamar al Gobierno y al Parlamento autonómicos “que velen para evitar el fraude de más de 3.200.000 euros al Tesoro Público por una empresa con fabulosos beneficios” y defender “la imperiosa necesidad de acordar un plan industrial y de inversiones”.