El sindicato USO ha denunciado que la empresa Solvay, ubicada en Torrelavega, cierra este 2018 con un total de 34 despidos a través de un sistema que, según ha señalado, produce un "quebranto de más de 3 millones de euros" a la Seguridad Social. Y es que, según ha señalado, estas bajas han sido tramitadas como despidos objetivos individuales y no mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

En un comunicado, la Sección Sindical de USO en Solvay ha denunciado que este sistema de bajas fue pactado con UGT y CCOO y ha señalado que todos los despidos fueron conciliados en el ORECLA.

"La negativa de Solvay, UGT y CCOO de negociar un ERE, le ha supuesto una merma de ingresos a la Seguridad Social de una importante cuantía económica que supera los 3 millones de euros", ha criticado.

A juicio de USO, este "mirar para otro lado frente a la obligación moral y legal de grandes empresas como Solvay de ingresar al Tesoro Público las cotizaciones correspondientes, es una irresponsabilidad social".

Además, para este sindicato esta actuación también constituye una "hipocresía" cuando, según dice USO, luego "las mismas Administraciones y organizaciones políticas y sociales reclaman una sanidad, educación, pensiones y prestaciones sociales decentes; encontrándonos con la falta de recursos económicos suficientes".

USO ha defendido que las grandes empresas que disfrutan de "cuantiosos beneficios" en sus resultados al final de año, entre las que incluye a Solvay y se benefician de ayudas y subvenciones públicas "deben practicar la Responsabilidad Social Corporativa y contribuir ingresando a la Seguridad Social el costo social y económico de sus despidos, contribuyendo con hechos al mantenimiento del sistema público de protección social, que es garantía de solidaridad intergeneracional".