Torrelavega Sí ha propuesto crear una comisión encaminada a solucionar los problemas de integración detectados en el barrio de La Inmobiliaria a causa del creciente número de inmigrantes en situación no regularizada.

Una situación que, si bien "no genera graves problemas de convivencia, sí afecta a la dignidad y situación vital de quienes vienen hasta nosotros escapando de guerras, hambrunas o desertización", ha señalado en un comunicado la portavoz del partido, Blanca Rosa Gómez Morante.

A su juicio, donde más acuciante es este problema es en la vivienda, ya que muchos "malviven en pisos pateras, con evidentes carencias de salubridad y precios descontrolados". "La situación de irregularidad de aquellos dificulta sobremanera su acceso a una morada digna, ya que están fuera de las propuestas que en este sentido ofrecen las administraciones", ha lamentado.

De hecho, ha apuntado que son las ONGs que desempeñan su labor en esta zona las que hacen frente a facturas por habitaciones, y en ocasiones también de alimentación.

Una situación que "aún se ve más agravada por el estado de los inmuebles", edificios de propiedad privada, en ocasiones "muy deteriorados", que Gómez Morante apuesta por rehabilitar mediante ayudas procedentes de otras administraciones para mejorar la calidad de vida de estos inmigrantes.

Al hilo, la formación ha lamentado que gran parte de los aspectos integradores que contemplaba el Plan Urban "no se llegaran a desarrollar", "una rémora que hoy en día seguimos arrastrando y es parte de una problemática que deja fuera de los circuitos que contemplan las administraciones para la inclusión de estos inmigrantes no regularizados".

Es por ello que Torrelavega Sí solicita que se aborde en una comisión la manera de integrar a este creciente sector de la población y, si fuera preciso, crear una mesa de trabajo específica que incluyera, además de a las administraciones, a todas las asociaciones y colectivos que trabajan en este campo.

Además, ha insistido en la necesidad de poner en marcha un plan que coordine tanto la actividad como la utilización de los centros cívicos y de mayores de titularidad municipal, qué colectivos acceden a ellos y qué cartera de servicios ofrecen, con el fin de evitar "una dispersión de la programación y un caos administrativo".