El Pleno del Parlamento ha rechazado instar al Gobierno de Cantabria, como pretendía Podemos, a dar marcha atrás a la prórroga de dos años que tiene previsto otorgar a la empresa Solvay, para que pueda así continuar produciendo cloro mediante la tecnología de celdas de mercurio después de la fecha límite establecida, el 11 de diciembre de este año. La Cámara ha rechazado, con los votos en contra de todos los demás grupos (PP, PRC, PSOE y Cs) una iniciativa en este sentido de los morados, que han alertado de que dicha prórroga "ilegal" conllevará una multa por parte de la Unión Europea que acarreará, a su vez, "recortes" en la comunidad autónoma.

Los morados perseguían  que el bipartito cumpliera con su "obligación de hacer cumplir la ley"

Lo ha advertido la portavoz del grupo morado, Verónica Ordóñez, encargada de defender la proposición no de ley que han tumbado los dos partidos que sustentan al Ejecutivo y, también, PP y Cs. La iniciativa también perseguía que el Legislativo ordenara al Gobierno trabajar para garantizar el compromiso de la empresa con su planta de Torrelavega, urgiendo el inicio de la construcción de la nueva planta de producción de cloro con la tecnología de membranas, y garantizar que se mantengan los puestos de trabajo, unos 40 directos y 60 indirectos en la actualidad. Los morados perseguían igualmente que el bipartito cumpliera con su "obligación de hacer cumplir la ley" y dar marcha atrás en la concesión de la citada prórroga de 24 meses para seguir empleando mercurio y tratar de recabar el apoyo de cara a lograr el compromiso del grupo químico para la construcción de una nueva planta de producción de cloro en el complejo de Barreda.

Verónica Ordóñez ha aludido en su intervención a los peligros de continuar con una tecnología "obsoleta y altamente contaminante", y ha incidido tras esto en que prorrogar la técnica de celdas de mercurio "vulnera" la legislación estatal y europea, por lo que Bruselas podría imponer una multa al Estado que a su vez la repercutiría en Cantabria a través de los presupuestos de próximos ejercicios. "Cantabria no es ni puede ser una república bananera donde las leyes se cumplen o no en función de los intereses de determinadas empresas", ha zanjado la portavoz de Podemos, que ha censurado la "dejación absoluta" de responsabilidades del Gobierno autonómico, que "no ha hecho nada" por salvar los empleos de la planta de cloro de Solvay.

Unas críticas al Ejecutivo en las que también ha incidido el PP a través de Ildefonso Calderón, que ha centrado los reproches en la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y el presidente de la Comunidad, Miguel Ángel Revilla, a los que ha acusado de no haber hecho "los deberes" en torno a Solvay y dejar el futuro de le planta y su plantilla "en manos de Bruselas". Pero el diputado popular ha admitido también, al igual que Verónica Ordóñez, que la empresa de Barreda tampoco ha estado "ágil" para cambiar sus métodos de producción de cloro, un trabajo "complejo" que requiere al menos dos años, por lo que si no se concede la citada prórroga la empresa se vería abocada a cerrar, de ahí que su grupo haya rechazado la PNL de Podemos.

También ha votado en contra Ciudadanos, al considerar "irresponsable" esta iniciativa parlamentaria porque con ella se "entorpece" el futuro de la planta de Solvay "pone en peligro" el trabajo del que dependen "decenas de familias" en la cuenca del Besaya. Es más, el parlamentario Juan Ramón Carrancio ha afirmado que esta proposición no de ley está "diseñada para cerrar" la fábrica de cloro, cuando a empresas de varios países europeos les han concedido ya esta prórroga.

Al hilo, el portavoz del PSOE ha detallado que se ha autorizado continuar con la producción basada en mercurio a empresas de Bélgica, Francia y Alemania, mientras está en tramitación la concesión a una de Italia. Víctor Casal ha acusado a los morados de querer "cerrar" la planta de Torrelavega, porque "no quieren industria pesada para Cantabria", aunque como en este caso generen empleo "estable y de calidad".

En similares términos, su compañera del PRC, Rosa Díez, ha lamentado el "desconocimiento" que a su juicio tiene el grupo morado de Solvay, asentada en Torrelavega desde 1908, ni de su organización y funcionamiento, por lo que ha resumido para concluir que la propuesta que han traído a la Cámara "no tiene ni pies ni cabeza".