El Gobierno demolerá la depuradora de Vuelta Ostrera “después de haber construido la alternativa”

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha defendido que la sentencia de demolición de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera deberá ejecutarse "después de haber construido la alternativa".

Y es que, según ha considerado en un comunicado, es necesario mantener las condiciones ambientales de la Ría de San Martín y de las playas de Suances. "No puede ser que la ejecución de una sentencia vaya a generar unos problemas ambientales mucho mayores que los que pretende resolver", ha apostillado Díaz Tezanos.

Por ello, ha indicado que "el Gobierno central tiene que cumplir los plazos fijados por el Tribunal Supremo y buscar el mejor emplazamiento para la nueva instalación", ha señalado la vicepresidenta recordando que ya ha mostrado su oposición, "fundada en informes técnicos rigurosos", al emplazamiento propuesto por el propio Ministerio, a 300 metros de la actual EDAR, ante lo que propuso otras alternativas.

"No puede ser que la ejecución de una sentencia vaya a generar unos problemas ambientales mucho mayores que los que pretende resolver", ha apostillado Díaz Tezanos

La vicepresidenta y máxima responsable de Medio Ambiente del Ejecutivo regional ha reclamado que "caiga el peso de la ley sobre todos los que han demorado injustificadamente y están demorando la ejecución de esta sentencia por las consecuencias desastrosas que puede acarrear" y ha exigido al presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, que "dé la cara".

"Diego ha participado activamente en la demora de la ejecución de esta sentencia", ha asegurado y ha añadido que el líder de los 'populares' cántabros "prometió primero indultar Vuelta Ostrera si llegaba al Gobierno, y después legalizarla con la modificación de la Ley de Costas".

"Ni lo uno ni lo otro. Cuatro años de engaños de Ignacio Diego y del PP que lo único que han generado ha sido el incumplimiento de todos los plazos del Tribunal Supremo", ha finalizado la vicepresidenta regional.

Acuerdo para demorar la demolición

Por su parte, Ciudadanos (C's) ha alertado de que "en quince días" el Tribunal Supremo "va a ordenar el cierre" y la "inmediata demolición" de la depuradora de Vuelta Ostrera (Suances) si el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) no tramita el plan ambiental de la nueva instalación que la sustituirá e insta al Gobierno central (PP), autonómico (PRC-PSOE), al Alto Tribunal y a ARCA a que lleguen a un "acuerdo" para demorarlo.

En una rueda de prensa, el diputado nacional de Cs Cantabria en el Congreso de los Diputados, Félix Álvarez, ha criticado la "inoperancia" del MAPAMA, dirigido por la ministra Isabel García Tejerina, y la "dejadez", "desidia" de los sucesivos gobiernos de Cantabria, entre ellos el actual bipartito PRC-PSOE, por su "silencio" ante el auto del Supremo del pasado 26 de enero denegando el nuevo aplazamiento para ejecutar la sentencia que ordena su demolición.

Álvarez, que ha planteado a la ministra varias preguntas, para su respuesta por escrito, sobre las acciones que prevé el MAPAMA sobre Vuelta Ostrera, declarada ilegal en 2006 por el Tribunal Supremo por su emplazamiento, ha reclamado una "solución" a "este desvarío", aunque reconoce que la salida es "difícil".

C's ha advertido del perjuicio económico de fondos públicos que supondría demoler una depuradora que costó 24 millones para construir otra nueva a escasos metros

Tragedia medioambiental y económica

El diputado de C's ha alertado que el cierre de la actual depuradora de Vuelta Ostrera, que costó 24 millones de euros, y la inversión de otros 87 para demoler la instalación y construir una nueva, Vuelta Ostrera II, a 300 metros de ella, constituye una "tragedia" no solo "medioambiental y ecológica", sino también "económica".

Desde C's se recuerda que la depuradora de Vuelta Ostrera forma parte del saneamiento integral de la cuenca del Saja-Besaya, que recoge y depura las aguas residuales de la zona central de Cantabria, donde se concentra el mayor asentamiento industrial y se concentra el 25% de la población regional, unos 130.000 habitantes.

Álvarez ha alertado de que si se cierra Vuelta Ostrera esta población vería "cómo sus aguas residuales no van a ser depuradas" y cómo se vuelve a los problemas medioambientales que había antes de que comenzara a funcionar esta instalación.

También ha opinado que esto puede afectar "muy negativamente" al turismo de zonas como Suances, ya que, según ha dicho, las playas de la zona volverían a ser un "auténtico asco".

Además de todo ello, el diputado de C's ha advertido del perjuicio económico de fondos públicos que supondría demoler una depuradora que costó 24 millones para construir otra nueva a escasos metros.

Por ello, Ciudadanos ha "invitado" al Ministerio y al Gobierno autonómica y ha "suplicado" al TS y a ARCA -la denunciante de la ilegalidad de Vuelta Ostrera- un "acuerdo" para demorar la demolición de la depuradora y lo ha pedido que lo haga "por el bien de los ciudadanos de Cantabria".

Comparecencia de Tejerina

Álvarez, que duda de que las respuestas del MAPAMA a sus preguntas vayan a llegar antes de que el TS pueda ordenar en marzo el cierre de la depuradora, no descarta pedir la comparecencia urgente de García Tejerina para hablar de este asunto.

También reconoce que no ha podido hablar ni siquiera extraoficialmente con la ministra, a la que, según ha dicho, es "bastante difícil" de ver. "Debe estar arando España", ha ironizado el diputado naranja.

Además de las preguntas de Álvarez, el grupo parlamentario en Cantabria también ha registrado una pregunta que se tratará el próximo lunes, 20 de febrero, para conocer la posición del Gobierno regional acerca de la situación de la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la anulación del último recurso presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y por las medidas futuras que tomará el Ejecutivo Autonómico respecto a su demolición y sustitución.

Álvarez ha opinado que la "truculenta historia" de Vuelta Ostrera -cuyo proyecto de construcción se aprobó en 2001, bajo el Gobierno de José María Aznar en España, y se inauguró , aún sin entrar en funcionamiento, en agosto de 2005 por quien entonces era ministra de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona- es una "muestra de la prepotencia de los viejos partidos políticos"-

El diputado de C's ha censurado que se decidiera ubicarla en las marismas de Cortiguera, en Suances, en un humedal de dominio público-terrestre, "a sabiendas" de que era un sitio "conflictivo".

Ha recordado que, cuando en 2001, el Consejo de Ministros acordó reservar una parcela de 87.000 metros cuadrados dentro de este humedal para llevar a cabo la depuradora, ARCA ya presentó una denuncia la entender que se estaba incumpliendo la Ley de Costas.

Álvarez ha criticado que, pese a que había "muchas posibilidades" de que la depuradora y la ubicación elegida fuera "echada para atrás", se decidió "dar una patada para adelante" y continuar apostando por el mismo emplazamiento, aplicando el "luego ya nos arreglaremos para que no se derribe".

Finalmente, el TS anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de 2001 que reservaba la parcela para esta depuradora y ordenaba demolerla al entender que se estaba vulnerando la Ley de Costas.

Pese a esta sentencia del Supremo, este tribunal, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Cantabria y ARCA llegaron en 2006 a un acuerdo para posponer hasta siete años después, en 2013, el derribo de la depuradora y construir una nueva en otra localización.

En 2013, a petición del Gobierno central, el Supremo concedió una nueva moratoria de 7 años, siendo 2020 el año en que se debería cumplir con la sentencia dictada, y el MAGRAMA encargó un estudio con seis posibles ubicaciones para construir la nueva depuradora, Vuelta Ostrera II. Finalmente, la localización que más puntuación obtuvo fue una a 300 metros de la actual.

Ciudadanos señala que, en ese momento, "cuando todo parecía preparado para construir una nueva depuradora y demoler, más de una década después, la ilegalizada Vuelta Ostrera, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó a mediados de enero de 2017, un nuevo aplazamiento que ha sido el denegado en el auto del 26 de enero.