Ecologistas en Acción afirma que la propuesta de prórroga que el Gobierno de Cantabria defiende para la planta de cloro de Solvay "no tiene fundamento ni soporte legal alguno", y "menos aún el vínculo que pretenden establecer" entre dicha prorroga y la inversión de 50 millones de euros en una nueva planta con tecnología de membrana, más eficiente y limpia.

EA subraya que para el cierre de las viejas instalaciones y el arranque de las nuevas se dan "las mismas condiciones en las que otras fábricas harán la transición", y añade que "la inversión sólo depende del compromiso de Solvay con su factoría de Barreda, del que no ha dado pruebas concluyentes -opina- a lo largo de estos últimos años".

La organización ecologista considera que el Gobierno de Cantabria, "si de verdad quiere potenciar su sector industrial, debería abandonar las políticas cortoplacistas que en el largo plazo tienen efectos desastrosos". En ese sentido, señala que "lleva instando dicha inversión-transición desde hace más de 10 años sin ningún resultado".

EA se hace eco, en un comunicado, de la carta que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha remitido una carta al Gobierno de Cantabria "en términos inusualmente duros y contundentes", dice, en los que muestra su "extraordinaria preocupación" por la propuesta de una posible prórroga por dos años más a la tecnología de celdas de mercurio y le recuerda que dicha tecnología no puede posponer su funcionamiento más allá del 11 de diciembre de 2017.

En dicha carta, dirigida al director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacios, se señala que la propia Comisión Europea les ha trasladado, por medio del embajador representante permanente, su preocupación por el caso concreto de la revisión de la autorización ambiental integrada de Solvay Química en Torrelavega.

Añade que llaman su atención en el sentido de que no es posible autorizar excepciones en el cumplimiento de los plazos fijados en el año 2013, y que consecuentemente a partir del 11 de diciembre de este año, se tiene que autorizar el cierre, desmantelamiento y descontaminación de las actuales instalaciones con cátado de mercurio, además de autorizar la nueva tecnología de membrana más eficiente y limpia.

"Es decir, nada distinto a lo que tienen que hacer el resto de industrias del sector del cloro en toda Europa. No existe la más mínima discriminación. Evidentemente no existe confabulación de estos organismos, ni del mundo en general o de los ecologistas en particular contra el director general de Medio Ambiente o la vicepresidenta del Gobierno", ironiza EA.