CHC impone a Paruvi una multa de 600 euros por depositar contenedores en zona de policía de un arroyo
La CHC subraya que si la empresa no cumple lo ordenado, procederá a la imposición de las correspondientes multas incluidas en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y/o a la ejecución subsidiaria.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha impuesto una multa de 600 euros a la empresa Paruvi por una infracción de la Ley de Aguas consistente en depositar contenedores en la zona de policía de la margen derecha del arroyo Sorravides.
Así figura en la resolución de la CHC, fechada el 27 de marzo, y que ha facilitado Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), que interpuso la denuncia contra la citada empresa en febrero de 2016.
En la resolución, la Confederación declara prescrita la infracción administrativa notificada a Paruvi en abril del año pasado respecto a la realización de obras de cerramiento perimetral de dos parcelas del poligóno 13 de Tanos, al acondicionamiento de la parcela y el asfaltado de un tramo en la zona de policía de la margen derecha del citado arroyo.
Igualmente, la CHC advierte a Paruvi que la legalización del aparcamiento de vehículos que realiza en una parcela y el almacenamiento de palés en otras dos, así como los cerramientos denunciados, queda supeditada a los respectivos expedientes de legalización iniciados a instancia de la empresa. Así como que, en caso de no resultar legalizables, deberá reponer las cosas a su estado original en el plazo de quince días.
Igualmente, la CHC advierte a Paruvi que la legalización del aparcamiento de vehículos que realiza en una parcela y el almacenamiento de palés en otras dos, así como los cerramientos denunciados, queda supeditada a los respectivos expedientes de legalización iniciados a instancia de la empresa. Así como que, en caso de no resultar legalizables, deberá reponer las cosas a su estado original en el plazo de quince días.
La Confederación especifica que en el caso de que las obras sean legalizables, Paruvi deberá demoler o retirar aquellas "que no sean compatibles con las condiciones que se impongan en la autorización".
La CHC subraya que si la empresa no cumple lo ordenado, procederá a la imposición de las correspondientes multas incluidas en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y/o a la ejecución subsidiaria.
Contra la resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición ante el presidente de la CHC o contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
ANTECENDENTES
ACPT presentó en febrero de 2016 una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para que se restaure el dominio público afectado por la empresa Paruvi, propiedad del concejal de Torrelavega Sí, Rufino Sasián.
En su denuncia, expuso que Rufino Sasián es propietario de "unas extensas" instalaciones industriales en Tanos, que carecían entonces "de todo tipo de autorizaciones: licencia de obra, licencia de apertura, licencia de actividad, y sectoriales (carreteras, Confederación, CROTU, etcétera)", lo que ACPT supo porque el empresario había ha solicitado "recientemente" la legalización de las mismas.
Dichas instalaciones ocupan varias parcelas del polígono de Tanos, "a escasos metros" del arroyo Sorravides. Según ACPT, se ubican en zona de policía y algunas, como el aparcamiento inferior, en zona de servidumbre, por lo que afectarían al Dominio Público Hidráulico, "desconociendo si se pueden estar produciendo vertidos al arroyo Sorravides, bien directos o por filtración", apostilla el grupo municipal.
La agrupación también indicaba a la CHC que las instalaciones se han ido ampliando paulatinamente a lo largo de los últimos años.
Por todo ello, ACPT interpuso la denuncia por "si las instalaciones carecen de autorización de esta CHC" y solicitó incoar el correspondiente expediente para sancionar y restaurar el dominio público hidráulico "con derribo de las obras no legalizables".