ACpT cree que el retraso en las normas de uso de La Viesca se debe a "oscuros intereses" en el parque
ACpT ha manifestado que el retraso en la elaboración del documento de normas de uso del Área Natural de Especial Interés (ANEI) de La Viesca se debe a que existen "otros intereses" sobre el parque que "chocan con cualquier protección" de este espacio.
"De hecho, ya no podemos hablar de retrasos, sino de bloqueo evidente de un documento de vital importancia para que cualquier actuación sobre La Viesca esté regulada y tenga unos límites claros en el interés general de proteger ese importante pulmón verde", ha sentenciado el grupo, que recuerda que el Pleno de la Corporación de Torrelavega aprobó por unanimidad el pasado 30 de marzo una moción para exigir al Gobierno de Cantabria aprobar las normas de uso en el plazo máximo de dos meses.
"Casi seis años después de la aprobación del ANEI y diez meses después de la moción seguimos exactamente igual", ha denunciado ACpT en un comunicado, en el que apunta que "las únicas novedades" de este periodo han sido "descubrir un proyecto oculto para construir unas macro piscinas en la zona de los lagos" y "una plantación masiva de árboles en una pradería", usando La Viesca como escenario "para que un grupo de políticos garrulos se hinchasen a hacerse fotos".
Por eso, ha criticado que "donde la mayoría vemos una zona natural de alto valor para nuestra ciudad, otros ven un solar sobre el que construir". Así, ACpT se ha sumado a la concentración convocada para este domingo a las 12.30 horas para exigir la publicación definitiva de las normas de uso de La Viesca y la convocatoria de la Mesa de Seguimiento del ANEI, aunque finalmente ya ha sido convocada para el 27 de enero.
De hecho, el Gobierno de Cantabria informó ayer de que el martes remitió la convocatoria a los ayuntamientos de Torrelavega y Cartes para reunir a la Mesa e informar del estado de tramitación de las normas de protección de este espacio natural. Además, explicó que la fecha del encuentro se ha fijado después de haber recibido el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria sobre el proyecto a finales de 2021.