El acusado de cobrar indebidamente cerca de 300.000 euros durante quince años de la pensión de su padre ya fallecido ha asegurado no tenía "ni idea" de que el dinero que había en la cuenta -y del que fue disponiendo en cantidades que suman más de 84.000 euros- procediera de los pagos que mensualmente efectuaba la Seguridad Social por la incapacidad permanente que habían reconocido a su progenitor, sino que pensaba que se trataba de ahorros de éste, que había trabajado como marino mercante.

El procesado, que se ha mostrado dispuesto a "devolver hasta el último céntimo", figuraba como única persona autorizada en la cuenta de su padre. Según ha admitido, desde que éste murió, en 1998, hasta 2013, cuando se descubrió el error, realizó distintas operaciones, como extracciones o domiciliaciones de recibos, pero "nunca" supo cuánto dinero había, ni siquiera en el momento del fallecimiento.

En este sentido, G.T.M. ha señalado en el juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia, que él solo estaba autorizado a "sacar" dinero de la cuenta de su padre, de modo que no preguntó por el saldo que había, información a la que, como ha insistido, no podía acceder.

Según el escrito del Ministerio Público, el padre del acusado tenía reconocida por la Seguridad Social una pensión de incapacidad permanente absoluta, que en el año 1998 ascendía a 182.695 pesetas. La cuantía se iba incrementando anualmente conforme a la revalorización de las pensiones públicas, alcanzando en 2013 la cifra de 1.588€.

Las mensualidades se ingresaban en una cuenta corriente de una entidad bancaria de Santander en la que figuraba como única persona autorizada el acusado.

El fiscal solicita una condena de 2 años y medio de prisión; multa de 2.700 euros e indemnización por valor de las cantidades apropiadas no devueltas

En febrero de 1998 falleció el padre del enjuiciado, que según la Fiscalía, ocultó este hecho a la Seguridad Social y al banco, y siguió cobrando la pensión durante 15 años, hasta el 2013. En total, el dinero cobrado indebidamente durante este periodo se eleva a 288.298 euros.

El banco ha devuelto a la Seguridad Social 86.400 euros, correspondientes a las pensiones de los últimos cuatro años, pero ha sido imposible reintegrarlo todo porque lo impide la normativa aplicable. Por tanto, la cuantía de las pensiones indebidamente cobradas y no restituidas asciende a 201.906 euros.

Desde la muerte de su padre y hasta 2013, el acusado realizó múltiples operaciones de reintegro en efectivo con cargo a la cuenta en la que se ingresaba indebidamente la pensión referida, así como las transferencias, traspasos de fondos, domiciliación de recibos, en concreto los correspondientes a dos líneas telefónicas de las que era titular, ascendiendo la cantidad de la que dispuso ilícitamente a 84.157 euros.

En noviembre de 2014, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander acordó embargar la citada cuenta, que en ese momento contenía 117.800 euros.

Por estos hechos, calificados como un delito continuado de estafa, el fiscal solicita una condena de dos años y medio de prisión; multa de 2.700 euros e indemnización por valor de las cantidades apropiadas no devueltas.