POLÍTICA

El PSOE denuncia al alcalde de Astillero de Cs por malversación y prevaricación ante la Fiscalía

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón

El PSOE de Astillero ya lo avanzó hace unas semanas, pero no fue hasta ayer viernes cuando presentó su denuncia de presuntas irregularidades, malversación y prevaricación del alcalde del municipio, Javier Fernández Soberón (Cs) ante la Fiscalía. No va a ser el único partido. El PP, que también ejerce la oposición en el Consistorio, seguirá estos mismos pasos en breve.

Los socialistas dieron el visto bueno a esta decisión en una Ejecutiva local ya que entienden que "hay materia" en el informe con el que el secretario municipal denunció que el oficial de Obras y Servicios ha estado durante 20 meses cobrando "irregularmente" una nómina del Consistorio y al mismo tiempo una pensión por incapacidad.

Dicho informe fue hecho público por la edil socialista, Judith Pérez, en un pleno. Ante la polémica pidió explicaciones a Fernández Soberón y al equipo de Gobierno, pero el regidor negó las acusaciones y aseguró que dispone de documentación que las desmiente.

Desde el PSOE entendieron que en el equipo de Gobierno "hay preocupación" por el asunto ante la falta de respuesta a la oposición, por lo que decidieron llevar ante la Justicia lo ocurrido con el fin de que lo aclare al tratarse de la gestión de fondos públicos.

HECHOS

Según se dio a conocer en el Pleno en el que se destapó el asunto, en 2022 la Seguridad Social concedió la incapacidad total al oficial de Obras, que pidió un cambio de puesto en el Ayuntamiento compatible con el cobro de la pensión. Sin embargo, según el informe del secretario, "no hay ninguna resolución" donde figure su recolocación.

Asimismo, existen tres denuncias del comité de empresa, desde 2022 y hasta finales de 2023, manifestando estas "irregularidades" al alcalde. Según denunció formalmente el secretario, el informe ha sido "manipulado", al haberse "borrado" la palabra 'ilegalidad' del mismo, y a través de una plataforma en la que "no deben tener acceso los políticos", con el ánimo de "ocultar información y simular la legalidad del asunto".