El PP considera “sano para la democracia” derogar la Ley de Memoria Histórica de Cantabria
El Grupo Popular ha registrado este miércoles 4 en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo PRC-PSOE, al considerar que es "bueno para la convivencia y sano para la democracia" revocar una ley "que los socialistas impusieron a toda la sociedad de Cantabria" en 2021 "sin escuchar a nadie y sin dialogar con nadie", si bien el PP se compromete a mantener el apoyo del Gobierno a todos los procedimientos de localización o exhumación que se requieran y garantiza la custodia del material documental. En este sentido, los populares consideran que "por encima de todo" se trata de una iniciativa "de higiene democrática".
"Lo más sano es derogarla, por cómo se hizo y también por lo que contiene", ha manifestado este jueves en un comunicado el diputado regional y senador autonómico, Íñigo Fernández. El popular ha afirmado, en relación al procedimiento, que "se tramitó sin consenso, sin diálogo, sin que se admitiera ni una sola de las 160 enmiendas defendidas por la oposición: fue una imposición total y absoluta de Zuloaga". Oposición que en ese momento estaba formada por la derecha del PP que ahora deroga la norma, y la extrema derecha de Vox.
En cuanto al contenido, Fernández entiende que figuras como la Comisión de la Verdad, la "imposición de un relato manipulado y con omisiones", el "adoctrinamiento en las aulas", las subvenciones con dinero público a determinadas asociaciones o "el establecimiento de distintas categorías de víctimas según su ideología no tienen manera de encajarse en un mínimo consenso social".
"En una sociedad democrática del siglo XXI no puede existir una Comisión de la Verdad en la que cinco miembros nombrados por el Gobierno elaboren un relato de lo ocurrido hace 85 años y obliguen a toda la sociedad a comulgar con él, incluidos los investigadores; que imponga multas y sanciones a quienes defienden puntos de vista diferentes; que diseñe una asignatura para impartir en los colegios sin el concurso de los profesores; que establezca diferencias entre quienes sufrieron violencia y represión política en la II República y la Guerra Civil, distinguiendo entre víctimas de primera y de segunda según su adscripción ideológica", ha argumentado.
EXHUMACIONES
En su propuesta, el PP se compromete a mantener el apoyo del Gobierno de Cantabria a todos los procedimientos de localización o exhumación de restos que se soliciten por parte de familiares de las víctimas y, para ello, remite expresamente a lo regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria. "A nadie se le niega ese derecho", ha subrayado Fernández, que ha precisado que en este momento no hay ningún procedimiento abierto "porque no hay ni una sola petición sobre la mesa".
En cuanto a la custodia del material documental, queda garantizada, según el PP, como el propio texto recoge, mediante la remisión a lo dispuesto en la Ley de Cantabria de Archivos y Bibliotecas. "La documentación se va a proteger y los investigadores van a poder trabajar con una libertad que la ley les negaba, es decir, sin que nadie les diga cuál tiene que ser el resultado final de sus investigaciones".
Por último, Fernández considera que la derogación de esta norma "va a suscitar mucho más consenso que su aprobación", porque "se apoya en el sentido común y en el respeto a la convivencia y no en la imposición y el sectarismo". Curiosamente, son muchas las asociaciones y personalidades vinculadas a movimientos que defienden la memoria las que han alzado la voz criticando la postura del PP.
Al hilo, ha reiterado que España y Cantabria "tienen hoy retos mucho más importantes que dedicar el debate político a que unos impongan a otros un relato de lo que ocurrió hace 85 años con el único fin de dividir y enfrentar a la sociedad".
La presentación de la proposición por los populares se ha producido justo una semana después de que Vox exigiera al Gobierno de Cantabria (PP) que cumpla su compromiso de derogar la Ley de Memoria Histórica, una norma que para el grupo es "sectaria" y "fomenta el rencor, la división y el enfrentamiento entre españoles". Vox denunció entonces la "inacción" del Gobierno porque, transcurrido un año de legislatura, la derogación de esta ley, pactada con Vox, continua sin llevarse a cabo, por lo que el grupo parlamentario ha registrado una proposición de ley en la Cámara para exigir dar ese paso.
“ATAQUE A NUESTROS DERECHOS”
Por su parte, el diputado autonómico y portavoz de Memoria Histórica del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, ha exigido al PP que "frene su ofensiva" para derogar una ley que se aprobó "para devolver la dignidad y memoria de las víctimas y cerrar heridas aún abiertas". "Esto es un ataque directo a nuestros derechos", ha criticado, al tiempo que ha anunciado que el PSOE impulsará medidas para evitar la derogación de la ley.
En un comunicado, el diputado se pregunta "por qué la derecha quiere acabar con una ley democrática, que además es constitucional y legal". "El PP y su compañero de viaje, Vox, siempre han tenido problemas con la memoria, se olvidan de que en España hubo dictadura y una Guerra Civil que dejó muchas vidas enterradas en fosas y cunetas", ha destacado.
Iglesias también ha criticado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "no ha movido ni un solo dedo" para hacer la campaña de exhumaciones, "que ha tenido totalmente paralizada", si haber "hecho nada este año", por lo que ha pedido explicaciones a la consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández.
Además, ha advertido a Buruaga que "no se le olvide que contamos con una Ley de Memoria Histórica estatal, que su Gobierno tiene obligación de cumplir y no lo está haciendo", ha aseverado el socialista, para quien la norma "es reconciliación, justicia, verdad y reparación; y es permitir que las familias que perdieron a un ser querido y no saben dónde están sus retos puedan saberlo".