El Pleno aprueba con todos los grupos a favor una iniciativa para ampliar las indemnizaciones a víctimas de terrorismo

El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este lunes por unanimidad una proposición no de ley (PNL) de Vox que insta al Gobierno regional (PP) a introducir algunos ajustes en la aplicación de la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada hace dos años, uno de ellos en el sentido de ampliar el reconocimiento indemnizatorio a los herederos de víctimas fallecidas antes de la entrada en vigor de la citada norma, a los que pide aplicar un 30% sobre la indemnización recibida del Ministerio del Interior.

Ésta es una de las siete peticiones que recoge la iniciativa, que también insta a garantizar la concesión de ayudas extraordinarias a víctimas de amenazas, extorsión o secuestro en un porcentaje del 30% sobre la cuantía reconocida por el Estado.

Así, todos los grupos han dado su voto favorable a esta PNL al igual que sacaron adelante por unanimidad en 2023 la denominada Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.

El PP había presentado una enmienda de modificación al texto de la PNL debatida este lunes, pero todos los grupos de la oposición -PRC, PSOE y Vox- han opinado que "desvirtuaba" la propuesta y la "suavizaba" hasta convertirla en "un brindis al sol", de modo que finalmente no se ha introducido, aprobándose el texto original de Vox.

Aún así, PP, PRC y PSOE también han coincidido en que "quizás no se ha seguido el procedimiento correcto" y que podría haberse trabajado para presentar una iniciativa conjunta para modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo, al igual que la propia norma se hizo "con el esfuerzo de todos". De hecho, algunos portavoces han lanzado el guante para presentar, en lugar de una PNL, una proposición de ley consensuada que el Gobierno tenga la obligación "real" de aplicar.

Y es que la PNL aprobada recoge peticiones trasladadas por la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), que se ha reunido con todos los grupos parlamentarios de la Cámara para pedirles colaboración para mejorar el texto de la ley. En este sentido, todos los portavoces han expresado que la norma actual es buena, pero "puede mejorarse en algunos aspectos".

Además de las peticiones ya citadas, la iniciativa solicita reducir el requisito temporal de empadronamiento para el acceso a las ayudas complementarias de la Ley, estableciendo como referencia el periodo comprendido entre el cese de la actividad armada de ETA en 2011 y la entrada en vigor de la norma en 2023. En este punto, llama a valorar cada caso de manera individual para garantizar el acceso a los derechos de aquellas víctimas que, por razones de seguridad o laborales, hayan cambiado reiteradamente de residencia como forma de protección.

Otras de sus premisas son implementar de manera inmediata los programas de asistencia psicológica para víctimas y familiares; habilitar un espacio físico para las asociaciones de víctimas del terrorismo en Cantabria que sirva como punto de encuentro y organización de actividades de memoria y concienciación; fomentar la realización de actividades educativas y divulgativas en centros escolares y mantener abiertas las convocatorias de ayuda con carácter permanente para respetar la fase o momento vital en el que se encuentre cada una de las víctimas.

RECHAZADAS DOS PNL DE PRC Y PSOE

Ésta ha sido la única proposición no de ley que ha salido adelante de las tres que ha debatido el Parlamento en la sesión de este lunes, pues las otras dos, de PRC y PSOE, han decaído.

La de los regionalistas, que no ha prosperado al contar con los votos en contra de PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, instaba al Gobierno a elaborar en el plazo de tres meses un plan de retorno del talento joven universitario a Cantabria con diversas medidas, como una ayuda directa de 15.000 euros para ayudar a afrontar la vuelta e instalación en la comunidad de aquellos jóvenes que deseen regresar.

En defensa de la PNL, el PRC ha señalado que Cantabria "no puede permitirse perder el talento que ella misma ha formado y, mucho menos, resignarse a que jóvenes cualificados que nacieron, estudiaron y se formaron aquí no encuentren oportunidades para volver a su tierra cuando ellos quieren hacerlo".

Según ha detallado, más de 7.000 jóvenes cántabros entre 25 y 39 años han dejado la comunidad autónoma en la última década; el 43% de los titulares universitarios de la UC trabajan fuera de Cantabria en los cinco primeros años posteriores a finalizar sus estudios, y la región registra una de las tasas de emancipación juvenil más bajas del país, un desempleo juvenil superior al 24% y solo 3 de cada 10 jóvenes ocupan un puesto acorde a su formación.

Por ello, su iniciativa buscaba "corregir esa realidad", pero el PP ha considerado que se trata de una PNL "más improvisada que elaborada" y ha ensalzado el "ecosistema de ayudas con alcance y profundidad" que tiene activas el Gobierno; al igual que Vox ha afirmado que defiende "sin fisuras" el retorno de los jóvenes pero cree que la iniciativa del PRC se basa en medidas "superficiales" y que "no abordan las causas profundas que han provocado su marcha".

VIVIENDA

Tampoco ha salido adelante la PNL llevada al Pleno por el PSOE, que entre otras cosas pedía aplicar de manera inmediata la Ley de Vivienda estatal en Cantabria, regular el mercado del alquiler en zonas tensionadas estableciendo mecanismos para evitar subidas abusivas de precios y desarrollar medidas para evitar desahucios, como establecer una moratoria temporal para familias en situación de vulnerabilidad. En este caso, la propuesta no ha recabado el apoyo de ningún otro grupo, pues PP y Vox la han rechazado y el PRC se ha abstenido.

Los 'populares' han criticado esta propuesta del PSOE cuando a su juicio es el responsable de provocar "el desastre mayor de vivienda en España y en Cantabria". "Echaron la culpa a los fondos buitre, echaron después las culpas a los grandes tenedores, después vinieron a llamar a la puerta de los pequeños propietarios a destrozarles porque odian al pequeño propietario, a la clase media, y al final vienen a echar la culpa a las comunidades que gobiernan al PP porque no hacen política de vivienda. Muy equivocados están", han sentenciado.

Y Vox ha añadido que "hace tiempo que no veía una iniciativa tan comunista, tan intervencionista y tan autoritaria", al tiempo que ha opinado que "ataca los derechos de los legítimos propietarios" en "favor de los okupas".

Mientras, el PRC se ha abstenido porque entiende que la aplicación de la norma estatal y la declaración de zonas tensionadas "se queda corta" sin un marco autonómico adecuado. Por ello, cree que el verdadero compromiso del Gobierno cántabro debe ser "activar sin más demoras la tramitación de la Ley de Vivienda".