Media espera que el juicio por la ‘trama de Carreteras’ sea “cuanto antes” y se repare el daño al Gobierno
El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media (PP), espera que el juicio por la 'trama de Carreteras', por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos de obras en la comunidad autónoma, se celebre "cuanto antes" y se pueda reparar así el daño causado al Gobierno regional. "Espero que, cuanto antes, ya se pueda abrir juicio contra quien corresponda y a partir de ahí, una vez que la Justicia resuelva, nosotros lo acataremos (la sentencia) y espero que las arcas del Gobierno de Cantabria sean repuestas de todo aquello que algunos se llevaron".
El también titular de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha respondido así este martes a preguntas de los periodistas a propósito de esta causa, que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Santander, y en la que el Ejecutivo está personado a través de sus Servicios Jurídicos. En este sentido, ha indicado que "de vez en cuando" la administración de justicia les requiere información, que se entrega "rápidamente", tanto para la investigación de la trama de Carreteras -por supuesta corrupción en adjudicaciones de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios del sector- como de la pieza separada abierta en la empresa Gesvican, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho, caso que "sigue también colgando", ha apostillado.
Pero, a partir de ahí, Media ha dicho que se entera de los avances en la instrucción a través de los medios de comunicación, y ha señalado también que siguen pendientes de la auditoría que está realizando la Consejería de Hacienda para determinar el perjuicio causado a las arcas regionales.
El principal investigado en la trama de Obras es el funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas Miguel Ángel Díaz, supuesto cabecilla de la red y que estuvo encarcelado varios meses, desde febrero del año pasado -cuando se destapó el caso- hasta septiembre. Estarían involucradas también su mujer e hijas y responsables de varias empresas del sector en la región.
Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander abrió en febrero una pieza separada del caso, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho, y entre los investigados figura personal de la empresa Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno.