POLÍTICA
La fractura interna de Vox obliga a la dirección nacional a controlar el grupo parlamentario y fuerza una reestructuración regional
La situación de Vox en Cantabria es cada vez más delicada. Prácticamente cada semana se conocen nuevos pasos en una división que se agranda y se agrava a medida que pasa el tiempo. Esta brecha, evidenciada en las votaciones y actitudes entre los integrantes del Grupo Parlamentario (Leticia Díaz y Natividad Pérez, por un lado, y Cristóbal Palacio y Armando Blanco, por otro), ha tenido su último capítulo con la denuncia de los dos últimos por presuntas escuchas ilegales de un asesor de la portavoz de Vox, Leticia Díaz, en el Hemiciclo cántabro. Ha sido esta denuncia la que ha precipitado una fractura que ha alcanzado a la dirección regional y que ha obligado al partido a nivel estatal a intervenir personalmente.
Así se desprende de las informaciones publicadas este sábado, que se hacen eco de dos decisiones tomadas en el seno del partido de extrema derecha. Por un lado, la presencia en Cantabria de dos representantes de la dirección nacional, que habrían llegado para mediar en este conflicto y habrían asumido el control y supervisión del Grupo Parlamentario en un intento no solo de terminar con las dos facciones existentes ahora mismo, sino de decidir el sentido del voto que tendrá que tener la ultraderecha en el Parlamento de Cantabria.
Esto vendría a terminar con algunas cosas vistas en los últimos meses, como el apoyo de Díaz y Pérez a la retirada de la dedicación exclusiva a su compañero Palacio, una iniciativa a la que solo se opusieron el propio afectado y su compañero Blanco. Y no es la única iniciativa en la que esta formación ha diferenciado su voto internamente.
Asimismo, sería el paso previo al anuncio realizado por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que nombrará "en los próximos días" un nuevo Consejo de Dirección del grupo parlamentario Vox en Cantabria, que será el responsable de coordinar la labor de oposición en la Cámara regional.
A nivel regional, la situación en el Parlamento ha provocado que la dirección del partido se quiera distanciar de lo que está ocurriendo. En un primer momento, la actual presidenta de Vox en Cantabria, Laura Velasco, decidió iniciar una investigación paralela a la policial en el asunto de las escuchas ilegales. El siguiente paso ha sido, directamente, reesctructurar la dirección eliminando de la ecuación a aquellos vinculados a la portavoz de Vox en el Parlamento.
De este modo, Natividad Pérez, la mano derecha de Díaz en el Hemiciclo autonómico, abandona el Comité Ejecutivo Provincial. Y con ella Daniel Álvarez, que cesa como número uno en Laredo al ser la persona que presuntamente habría realizado las grabaciones ilegales.