El Estado pactó el pasado año con las comunidades autónomas el reparto de 373 menores migrantes no acompañados que llegaron a las costas de Canarias y de Ceuta. Un pacto que se basaba en la voluntariedad de las comunidades pero con el que los territorios iban a recibir también un total de 20 millones de euros. En el caso concreto de Cantabria, tendrían que haberse acogido un total de 26 menores en 2023, según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia. Y tal y como recoge el acuerdo de la Conferencia Sectorial, de esos 20 millones a Cantabria le correspondieron 1.419.342 euros que, según insiste el Gobierno de España, ya se han pagado. Sin embargo, ninguno de los menores ha llegado a la región.

Así consta de los datos que el citado ministerio ha hecho públicos, y que señalan dos hechos reseñables: que solo tres comunidades han acogido menores y que ningún territorio del país ha cumplido con su compromiso. Cantabria se encuentra en la categoría de comunidades autónomas que no ha recibido a ningún menor a pesar de tener en sus cuentas ya casi 1,5 millones de euros. Cifra que deja un balance de 54.590 euros por menor.

Lo cierto es que no es la primera vez que Cantabria incumple con su compromiso de acoger menores migrantes no acompañados. En 2022 hubo otro pacto para repartir un total de 378 menores. ACantabria le habrían correspondido 21, pero esos migrantes nunca llegaron a la región.

Todo eso mientras el Gobierno del PP en Cantabria, encabezado por María José Sáenz de Buruaga, ha decidido renunciar al proyecto que planteaba convertir el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas en un centro de acogida internacional, que iba a contar con financiación europea, para convertirlo en un centro sociosanitario para mayores, una decisión duramente criticada en el momento de su anuncio. La líder del PP autonómico defendió que se había tomado la decisión “pensando en las necesidades y en los intereses de los cántabros y de los camargueses”.