La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apostado por "fortalecer la cultura del pacto" plasmada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y extenderla a temas como las pensiones, la educación o la financiación autonómica.

Para Sáenz de Santamaría, esas cuestiones "necesitan de acuerdos duraderos que trasciendan a ciclos políticos y económicos" y, por ello, ha comprometido el "esfuerzo" del Gobierno para "buscar acuerdos" en estos puntos porque "inciden directamente sobre el futuro de las siguientes generaciones".

Así lo ha expresado en la clausura del encuentro de subdelegados y delegados del Gobierno que se ha celebrado este martes en el Palacio de La Magdalena de Santander, que se ha dedicado especialmente a analizar la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"No podremos considerar que la sociedad española es una sociedad avanzada hasta que no nos hayamos librado de esta lacra terrible" y, por ello, ha asegurado que el objetivo de todos los poderes del Estado es "combatirla y erradicarla" por lo que "no vamos a escatimar esfuerzos".

Así, ha enfatizado que el Gobierno ha comprometido 1.000 millones de euros adicionales en los presupuestos de los próximos cinco años, de 2018 a 2022, de los que ha recordado que 100 millones serán por la vía de transferencia a los ayuntamientos, otros 500 a las comunidades autónomas y 400 para las medidas de ámbito estatal.

Y en estas últimas, ha destacado que las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno realizan un "trabajo trascendental" para el seguimiento de casos de riesgo, análisis datos e información y seguimiento de redes sociales.

"Se van a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para perseguir agresores pero, sobre todo, para la prevención, el apoyo a las víctimas y la utilización de todos los recursos existentes para proteger a esas mujeres en situación de riesgo, para que se sientan acompañadas en los momentos más difíciles de su vida", ha añadido la vicepresidenta.

PRESUPUESTOS

Entre otros asuntos abordados por la vicepresidenta en su intervención han destacado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que el Gobierno ya ha llevado al Congreso. Sobre éstos, ha dicho que son unas cuentas para "consolidar el crecimiento económico sostenible e inclusivo" y "devolver a la sociedad lo que ha aportado, especialmente en los momentos más duros de la crisis".

Así, ha defendido que son unas cuentas "decisivas" para seguir avanzando en la crecimiento de empleo y lograr el "objetivo fundamental" de que en 2020 trabajen en España 20 millones de personas, un camino que se va "cumpliendo" ya que en 2018 se prevé que se creen 475.000 puestos de trabajo.

Además, ha enfatizado que los PGE son "viables" y permiten "salir del procedimiento de déficit excesivo". "Estos son los presupuestos que nos hubiera gustado aprobar en el Gobierno en 2012 pero ni las cuentas ni el momento se prestaban para eso, pero ahora que podemos la prioridad del gasto es el gasto social", ha reivindicado.

En este punto, ha destacado que estos PGE para 2018 "mejoran las rentas de al menos 13 millones de españoles, que mejorarán su bienestar si se aprueban estos presupuestos del Estado".

Una mejora que, ha dicho, se promueve con medidas como "el incremento de las pensiones, que beneficiará a cerca de 6,7 millones de personas", la reducción del IRPF para "rentas bajas y media con un impacto de 2.000 millones que dejarán de pagar", y también con acciones para afrontar el reto demográfico, aumentando la deducción por familia numerosa o la creación de un cheque guardería de 1.000 euros anuales.

También ha destacado que estas cuentas atienden la financiación a las Comunidades Autónomas para prestar los servicios públicos esenciales y alcanzan "su máximo histórico" con más de 105.000 millones de euros.

Otra cuestión "importante" en las cuentas es que permitirán la tasa de reposición del 100% a aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit y deuda y la regla de gasto y con bolsas adicionales de entre el 5 y el 10% para "sectores prioritarios".

En este punto, se ha referido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, con estos PGE, no sólo se les reconocerá "el esfuerzo realizado avanzando hacia la equiparación salarial" sino que además contarán con una tasa de reposición del 115%.

ACCIÓN DEL GOBIERNO EN LOS TERRITORIOS

En su intervención, la vicepresidenta ha destacado el papel "fundamental" de los delegados y subdelegados del Gobierno en "un estado tan descentralizado como es España" porque su trabajo permite "una unida de acción" en el conjunto del país.

"Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno son el eje sobre el que pivota la colaboración del Estado con el resto de administraciones públicas", ha reivindicado, y ha puesto en valor la "cultura de la lealtad, el diálogo y pacto como valores fundamentales de estas instituciones".

Para Sáenz de Santamaría, las delegaciones y subdelegaciones son un "motor político" a través del que se canalizan y aceleran las "soluciones" del Estado para cada territorio al ser su "administración de proximidad", la más cercana a los ciudadanos. "Los ojos y los oídos del Gobierno para estar al día de los problemas y las particularidades en cada sitio", ha apostillado.

Pero también ha ensalzado que los delegados y subdelegados del Gobierno son " interlocutores y transmisores de la acción del Gobierno en cada una de las comunidades autónomas", una tarea "importante" que además ha apelado por "fortalecer" como "parte fundamental del engranaje de la Administración".

En la clausura, Sáenz de Santamaría ha estado acompañada por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, como anfitrión del encuentro.