Los trabajadores de AMPROS denuncian el gasto de 150.000 euros de dinero público en despidos improcedentes

Los comités de empresa de AMPROS (Asociación Cántabra En Favor de las Personas Con Discapacidad Intelectual han denunciado que la empresa ha gastado del orden de 150.000 euros de dinero público desde 2012 en despidos improcedentes, y han pedido al Gobierno de Cantabria que realice una auditoría de viabilidad de la empresa.

Además de la forma en que la empresa está despidiendo a sus empleados, "con reconocimiento de la improcedencia en la mayoría de los casos" -dicen-, también denuncian "la doble estructura legal sobre la que actúa la asociación y la falta de transparencia" en una entidad que recibe miles de euros de dinero público.

AMPROS cuenta con unos 400 trabajadores. Los comités de empresa denuncian que desde 2012, la empresa "ha realizado operaciones poco respetuosas con los derechos laborales". Explican que en ese año, promovió un ERE (expediente de regulación de empleo) que afectaba a 97 personas con discapacidad intelectual, que la Dirección de Trabajo rechazó mediante resolución administrativa.

Finalmente, AMPROS realizó "un descuelgue salarial que afectó a gran parte del personal", y "el dinero obtenido en este descuelgue salarial fue utilizado para acuerdos y/o despidos improcedentes", según afirma Roberto Martínez, presidente del comité de empresa del Centro Especial de Empleo de AMPROS, en un comunicado de prensa.

Añade que los trabajadores que continúan sufren congelación salarial en los últimos cuatro años en AMPROS Servicios Sociales y cinco años en AMPROS Centro Especial de Empleo.

Ambos comités de empresa denuncian que esos despidos improcedentes han supuesto, "al menos, unos 150.000 euros desde 2012", y que "los recortes han supuesto, además, una notable merma de la calidad de atención a personas usuarias, la no renovación en los equipos, unas infraestructuras obsoletas, etc".

Los comités de empresa denuncian la "falta de acceso" a la información económica de la organización, ya que "prohíben" a los trabajadores asistir a la Junta Directiva y a la Asamblea General, "como venía siendo habitual". De hecho, "se desconocen los salarios de cinco directivos además de pluses pactados que perciben ciertos trabajadores", añaden.