PRC, PSOE, Podemos y Cs –es decir todos los partidos con representación en el Parlamento de Canta-bria– se han unido para aprobar un dictamen de la comisión de investigación de Ecomasa, que se debatirá y votará en el Pleno del Parlamento el próximo 28 de mayo, que pide a la Fiscalía que investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público destinados al proyecto fallido de la fábrica de estufas de Maliaño (Camargo) e incorpora las conclusiones de estos cuatro grupos, aunque el PRC ha suprimido de ellas su petición de dimisión como cargos públicos del anterior presidente autonómico, Ignacio Diego, y de la anterior consejera de Economía, Cristina Mazas. El PP ha votado en contra de las propuestas de resolución de estos cuatro grupos y ha visto cómo las suyas no eran apoyadas por ninguno de ellos, aunque las mantiene como voto particular de cara al Pleno del próximo 28 de mayo. Además, el PP ha criticado al PRC por cambiar “radicalmente” sus conclusiones para conse-guir los “votos” de otros grupos que les permitan sacarlas adelante.

En línea con otros grupos, el PRC denuncia una “clara malversación de fondos públicos urdida” entre Gómez de Cos y los promotores privados del proyecto para “beneficiar” a estos empresarios

El dictamen de la comisión considera –como sostienen PRC, PSOE, Podemos y Cs– a Diego como máximo responsable político del escándalo y sostiene que si los trabajadores decidieron pasar de Teka a Ecomasa fue porque contaban con el “aval” del entonces presidente autonómico –y ahora parlamentario autonómico del PP– al proyecto empresarial. Además de a Diego, señalan también como responsables de lo ocurrido a Mazas –que era consejera de Economía y ahora también es parlamentaria autonómica–, al entonces consejero de Industria, Eduardo Arasti, y a Jorge Gómez de Cos, gerente del Instituto Cántabro de Finanzas de Cantabria (ICAF), una de las entidades públicas dependientes del Gobierno de Cantabria de las que salieron fondos para Ecomasa. En línea con otros grupos, el PRC sostiene que se ha producido una “gestión fraudulenta” que conllevó a una “clara malversación de fondos públicos urdida” entre Gómez de Cos y los promotores privados del proyecto –Jesús Lavín y Andrés de León– para “beneficiar” a estos empresarios y “perjudicar los intereses de los cántabros y de los trabajadores”. El PSOE apunta que Gómez de Cos contribuyó en las operaciones financieras y en el “entramado” empresarial y societario que constituyeron Lavín y De León para “sacar dinero de Cantabria”, que en principio iba dirigido a apoyar la fábrica de estufas de Maliaño, y destinarlo a otras de las empresas del grupo. Cs también ha criticado la actuación de Gómez de Cos, y Podemos le ve “colaborador y cooperador necesario” de Lavín y De León para que éstos pudieran conocer las “debilidades” del Gobierno de Cantabria y de sus entidades públicas y conseguir dinero de los cántabros.

Con respecto a las acusaciones de los otros grupos contra Gómez de Cos, el PP ha considerado que éstas tienen “mucho delito”, y ha opinado que sólo el hecho de que éstas se hayan dicho en sede parlamentaria les va a librar a estos partidos de que el afectado se querelle contra ellos. El PP ha visto rechazadas sus conclusiones por considerarse que éstas eran “noveladas”, como ha apuntado el PSOE, o que no podían extraerse de lo acontecido durante los dos años que ha durado la comisión de investigación de Ecomasa ni de las 43 comparecencias que ha incluido. “Las conclusiones que hace el PP son de otra comisión de investigación”, ha ironizado el parlamentario de Podemos José Ramón Blanco. El PP se ha reafirmado en las conclusiones presentadas, que consideran que en la comisión de in-vestigación sobre Ecomasa-Nestor Martin “ha quedado acreditado de forma concluyente” que la actuación pública ha sido “intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones”.

El PP ha criticado los “cambios” introducidos por el PRC en sus conclusiones

Para el PP, a los que han “montado” la comisión de investigación de Ecomasa, que ha conclui-do este miércoles, les ha salido “el tiro por la culata”. “Han venido a buscar tres pies al gato y no han encontrado ni al gato”, ha afirmado Van den Eynde, que las conclusiones introducidas en el dictamen y que serán remitidas a la Fiscalía son “invenciones calenturientas” que tendrán el mismo “efecto” que si lo que se manda al Ministerio Fiscal es una “caja de sobaos”. El PP ha criticado los “cambios” introducidos por el PRC en sus conclusiones, en las que por ejemplo han pasado de señalar que lo sucedido con este proyecto era una “estafa” de 18 millones de dinero público de los cántabros y de 3,2 de los trabajadores despedidos de Teka que pasaron a la fábrica de estufas a llamarlo “operación que ha generado unas pérdidas” por ese montante. “No es lo mismo estafa que perder dinero”, ha subrayado el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, que se ha preguntado “qué rigor” tenían las conclusiones del PRC “si las pueden cambiar por votos”. “Yo no hubiera cambiado mis conclusiones”, ha afirmado Van den Eynde. La parlamentaria del PRC Rosa Valdés ha negado que esas modificaciones supongan haber cambiado las conclusiones y su compañero de grupo Francisco Ortiz ha defendido que se han hecho “en aras” de conseguir un acuerdo sobre las mismas y ha asegurado que, pese a haber suprimido estos términos, consideran que “realmente se estafó y se coaccionó a los tra-bajadores de Teka”.

Además del voto particular del PP, Podemos mantiene también un voto particular en relación a su petición de que los trabajadores despedidos de Teka que fueron a parar a Ecomasa sean considerados “víctimas” y “afectados” del “mal funcionamiento” de la Administración. Esta solicitud de Podemos ha contado con el apoyo del PP, no así con el de PRC, PSOE y Cs –por considerar que son los tribunales los que deben decidir sobre esta cuestión–, por lo que ha sido rechazada en Comisión. Podemos reclama que se les debe prestar el apoyo necesario para que puedan conseguir por la vía judicial o extrajudicial el reintegro de las cantidades que no hubieran sido recuperadas a través del Fondo de Garantía Salarial. Y es que a juicio de la formación morada, si eso no se introduce en el dictamen, la comisión “no habrá valido de nada”.

Con la sesión de este miércoles ha concluido la comisión de investigación de Ecomasa impulsada en primera instancia por Podemos y cuya creación se aprobó por unanimidad en febrero de 2016 en el Parlamento y se constituyó el 1 de julio de ese año.