La plataforma Stop-Desahucios ha denunciado que el próximo martes, 12 de febrero, está previsto un nuevo desahucio en Santoña. El desahucio va dirigido contra Elena y Diego, una pareja en situación de desempleo desde hace años y padres de tres hijos, dos de ellos menores de edad. La plataforma convocará concentración para parar el desalojo, aunque confía en que las gestiones en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Santoña y la negociación con la entidad demandante, Buildingcenter, permitan finalmente suspender el desahucio.

"Malviven con una renta social básica de 630 euros y deben únicamente 1.200 euros y 600 euros del agua"

Stop-Desahucios ha destacado que la pareja, que tiene tres hijos de 20, 15 y siete años de edad, fue demandada por la sociedad Buildingcenter, propiedad de La Caixa y dedicada a la gestión de activos de la entidad bancaria. La plataforma asegura que "malviven con una renta social básica de 630 euros y deben únicamente 1.200 euros y 600 euros del agua". Stop-Desahucios explica que la familia compró hace 16 años, mediante un préstamo hipotecario con La Caixa, la casa donde reside actualmente, que en 2014 cedió la vivienda mediante una dación en pago y que en las mismas fechas firmó un contrato de alquiler social, pero que "debido a la situación de desempleo y de pobreza sobrevenida, no pudieron satisfacer los pagos de las cuotas de alquiler en los últimos meses".

Para Roberto Mazorra, portavoz de Stop-Desahucios, "lo más grave es que Elena y Diego no han podido defenderse de la demanda presentada por Buildingcenter", porque "fueron mal aconsejados, ya que les informaron que no tenían derecho a justicia gratuita, lo cual es falso". "Es cierto que no es preceptiva la asistencia de abogado y procurador en procedimientos civiles cuya cuantía esté por debajo de 2.000 euros. Sin embargo, cuando una de las partes, en este caso la parte demandante, se presenta con abogado y procurador, la otra parte, la demandada, tiene también derecho a personarse con abogado y procurador, de oficio en este caso. De otra forma, se produciría una indefensión de libro y se conculcaría la tutela judicial efectiva por desigualdad flagrante entre las partes", ha explicado Mazorra en un comunicado. Esa ha sido una de las alegaciones que se han presentado en la solicitud de suspensión presentada en el Juzgado de Santoña. La otra se basa en la sentencia 1797/2017 del Tribunal Supremo, que obliga a la actuación de los poderes públicos cuando hay menores ante situaciones de riesgo de desahucio, situando el bienestar de las familias por encima del derecho a la propiedad, al menos temporalmente mientras subsista la situación de los menores. Una de las propuestas es pagar la deuda de forma fraccionada, y la familia está a la espera de la respuesta positiva de la entidad asociada a Caixabank.

La plataforma Stop-Desahucios se reúne los martes en el centro cívico Numancia, sito en la santanderina Calle Cisneros, 76. Para contactar con ellos aportan un teléfono de contacto: el 671 248 146.