El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, ha señalado este jueves en el Parlamento que el proyecto de la fábrica de estufas de Ecomasa-Nestor Martin ya estaba "muerto" en 2014, y ha opinado que el anterior Gobierno, del PP, quiso "mantenerla artificialmente" para evitar que quebrara antes de las elecciones de mayo de 2015.

Sobre los 18 millones de euros de dinero público inyectados en Ecomasa, ha reconocido que su "sensación" es que el Gobierno va poder recuperar "poco", porque la empresa no tenía activos -el local era alquilado y la maquinaria no estaba inscrita como garantía del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF)-, y porque el dinero público se destinó a "operaciones cruzadas entre sociedades de los mismos propietarios pero que no tenían nada que ver con Ecomasa".

Operaciones hechas además en terceros países, lo que exige la intervención del juzgado a través de comisiones rogatorias. A la vez, Sota ha opinado que la Comunidad Autónoma ha tenido "muy mala suerte" con las empresas que se tomaron como garantía, Chimeneas de Barcelona y Nestor Martin Chile, que en junio de 2015 se valoraron en 1,18 millones y 4,1 millones, respectivamente, y a los pocos meses quebraron. En todo caso, ha subrayado que ha dado "instrucciones para rastrear y conseguir el retorno de fondos".

Los informes del ICAF ya señalaban a finales de 2014 que la sociedad "no tenía salida", y pese a ello, el Parlamento aprobó en diciembre de ese año conceder tres millones de euros más

Sota ha comparecido este jueves en la comisión de investigación de Ecomasa a petición de Ciudadanos, PP y su propio partido, el PSOE, por su actual cargo de presidente del Instituto Cántabro de Finanzas y como miembro que fue del Consejo de Supervisión del ICAF en la anterior legislatura.

El consejero ha opinado que el proyecto de Ecomasa "no fracasa al final, sino que desde el principio no funciona si no hay inyección de dinero público". De hecho, ha recalcado que en el momento en que se corta la financiación pública "la empresa cae".

Ha señalado que los informes del ICAF ya señalaban a finales de 2014 que la sociedad "no tenía salida", y pese a ello, el Parlamento aprobó en diciembre de ese año conceder a Ecomasa tres millones de euros más, y el Gobierno de Ignacio Diego aprobó un nuevo aval de dos millones en marzo de 2015.

Sota ha explicado que el ICAF no pudo conceder ese aval porque se debía materializar antes de final de julio pero "no llegó a tiempo" la autorización del Ministerio de Hacienda, lo que desencadenó el cierre de la empresa. El consejerose ha mostrado "seguro" de que esos dos millones "no habrían sido suficientes para que la empresa pudiera continuar" y se habrían perdido junto a los 18 millones de euros ya inyectados con anterioridad.

Según ha relatado, el ICAF solicitó la autorización para el aval al Ministerio el 26 de junio, unos días antes de que él llegara a la Consejería el 7 de julio; el Ministerio solicitó una ampliación de información que se contestó el 22 de julio; el Consejo de Ministros aprobó el aval el 18 de septiembre y la notificación llegó al Gobierno el 1 de octubre.

"El hecho de que no llegara a tiempo la autorización del aval con toda seguridad ha ahorrado a la comunidad autónoma dos millones de euros; eso nos salvó", ha dicho Sota, quien ha subrayado que "no se le puede achacar" al Gobierno actual que la sociedad no continuara".

Aunque ha insistido en la idea de que el proyecto "se mantuvo artificialmente" para llegar a las elecciones de mayo de 2015 sin que la fábrica de estufas estuviera cerrada, ha reconocido que la inyección de dinero público en Ecomasa se produjo "en un contexto en el que todo el mundo -partidos y sindicatos- estaba intentando que la empresa llegara a buen fin y que no hubiera un conflicto laboral".

"La intención mayoritaria era la de intentar sacar el proyecto adelante", ha dicho. Al respecto, ha señalado que "políticamente era un asunto complicado" porque estaba "en juego" el empleo de un centenar de trabajadores que además procedían de un excedente de Teka y habían puesto dinero de sus bolsillos.

Ha añadido que el proyecto se basaba en unos datos que en principio "todo el mundo asume" pero no tenía "sustento" para garantizar su continuidad. Sota ha añadido que la operación "salió mal" porque no hubo suficiente control a nivel público. "No había un seguimiento reglado, ni conexión entre lo que hacía Sodercan y la Consejería de Industria", ha dicho el consejero.

En esa línea, ha añadido que de los informes "no se concluye ninguna responsabilidad concreta, sino un cúmulo de deficiencias" y ha explicado que se han tomado medidas para garantizar a partir de ahora "seguimientos exhaustivos" y evitar que se repitan los "errores" cometidos.