El domingo 17 de diciembre el Movimiento Falangista de Santoña ha celebrado su tradicional homenaje al militar santoñés que Franco nombró presidente del Gobierno en el final de la dictadura, coincidiendo con el aniversario  de su muerte en el atentado de ETA el 20 de diciembre de 1973.

El acto, celebrado este domingo, incluía una misa en la parroquia de Nuestra Señora del Puerto, y una ofrenda de coronas ante el monumento al almirante, en el Pasaje de Santoña, donde finalmente han acudido unas pocas personas que no sumaban una decena, entre ellas el responsable del Movimiento Falangista de Santoña Don Valeriano Pérez y contó con la intervención de Salvador Sarabia de Alternativa Española. El acto homenaje ha concluido con el lanzamiento de una corona de laurel al mar a los acordes de la Salve Marinera, se lanzaron 24 salvas de honor y concluyó con los acordes del himno nacional.

Vulneración de la ley

Se procede a la exhibición pública de forma constante y permanente de banderas y símbolos franquistas, así como de cánticos que lo enaltecen

Tanto el acto, autorizado por la Delegación del Gobierno, como el monumento conmemorativo ponen en duda el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

En anteriores celebraciónes, el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, intentó anular el homenaje mediante un escrito dirigido a la Delegación del Gobierno en el que, tras recibir la comunicación de la manifestación, alerta de la vulneración de la Ley de Memoria Histórica que supone una concentración de este tipo.

El regidor del PSOE basaba su afirmación en los hechos que se producen en esta concentración, que tiene lugar anualmente, y en la que “se procede a la exhibición pública de forma constante y permanente de banderas y símbolos franquistas, así como de cánticos que lo enaltecen”.

Además, la mencionada Ley establece que  los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. La retirada «no será de aplicación cuando [...] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley», lo cual es aplicable a iglesias y templos de culto.