Sanidad nombra a un inspector para investigar las presuntas irregularidades en la contratación del SCS
María Luisa Real ha reiterado que si alguien tiene constancia de posibles irregularidades "lo que deben hacer en primer lugar y de forma inmediata es formalizar una denuncia ante los juzgados competentes, en lugar de sembrar sospechas".
La consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real, ha informado en un comunicado que ayer mismo se designó un inspector de la Inspección de Servicios Sanitarios para la tramitación del expediente informativo sobre las presuntas irregularidades en la contratación en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) denunciadas por una funcionaria y la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.
De esta manera se da cumplimiento a lo decidido en el Consejo de Gobierno del pasado jueves para "proceder de forma inmediata al inicio de un procedimiento informativo, con el objeto de aclarar todas las manifestaciones efectuadas sobre presuntas irregularidades en el servicio".
La consejera de Sanidad también ha confirmado que este viernes se ha recibido en la Consejería la documentación presentada por la presidenta del PP de Cantabria, que se ha trasladado al instructor del expediente informativo.
Real ha recordado que, tras conocer el email de la funcionaria Inmaculada Rodríguez, ella misma solicitó información al gerente del SCS como máximo responsable del organismo autónomo, del que dependen tanto la jefa de servicio como el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras cuestionado por ella. La información que en aquel momento trasladó el gerente concluyó en que no se había apreciado irregularidad alguna.
Real ha recalcado que la Consejería de Sanidad "está dando en cada momento una respuesta transparente"
Asimismo, ha recalcado que la Consejería de Sanidad "está dando en cada momento una respuesta transparente", a través de comunicados de prensa y con la apertura de un expediente informativo, sobre los pasos en este asunto. Además, ha señalado que se ha remitido puntualmente al Parlamento toda la información y documentación que en cada momento se ha ido solicitando por los diferentes grupos parlamentarios.
También ha destacado que la contratación administrativa del Servicio Cántabro de Salud está sometida al control financiero permanente de la Intervención General, y así se recoge en las resoluciones publicadas en el BOC por las que se aprueban los Planes de auditorías del 2016, 2017 y 2018, que incluyen la contratación administrativa de todas las gerencias del SCS.
La titular de Sanidad ha indicado que este control financiero por parte de la Intervención General debería ser bien conocido por la presidenta del PP de Cantabria, dado que el subdirector general de Control Financiero del Gobierno de Cantabria durante estos años 2016, 2017 y hasta febrero de 2018, Rafael Ruiz Gutiérrez, es el actual secretario de Hacienda y Administración Pública del Comité Ejecutivo del PP que preside Saénz de Buruaga.
Por todo ello, Real ha reiterado que, tanto si la jefa de servicio Inmaculada Rodríguez como la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tienen constancia de la existencia de posibles irregularidades "lo que deben hacer en primer lugar y de forma inmediata es formalizar una denuncia ante los juzgados competentes, y a través de los cauces adecuados, en lugar de sembrar sospechas acerca de la gestión del Servicio Cántabro de Salud mediante correos electrónicos y declaraciones a los medios de comunicación".