La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha vuelto a sancionar al Ayuntamiento de Cabuérniga “por el vertido de aguas residuales procedentes de la red de saneamiento de Carmona”. Según el expediente sancionador al que ha tenido acceso este diario, la Confederación señala que el incumplimiento de la “autorización de vertido” se produce “al superar los valores límites de emisión autorizados” por las resoluciones del Organismo de 2011 y 2014.

No es la primera vez que el Consistorio se enfrenta a una sanción de este tipo, y de hecho la propia Confederación apunta que el importe de la multa, que asciende a 2.000 euros, se fija “al estimarse continuidad y persistencia en la conducta antijurídica” en base a los dos expedientes sancionadores previos, de 2021 y 2022. Esta sanción a la que ahora tiene que hacer frente el Consistorio es el doble de la que se impuso el año anterior. 

Todas estas resoluciones han llegado motivadas por sendas denuncias formuladas por un particular, siendo la último del pasado 17 de junio de 2022. El Organismo considera que este hecho está tipificado como infracción leve en la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Al igual que en las dos ocasiones anteriores, el Ayuntamiento “no presentó escrito de alegaciones”, razón por la cual se considera que el acuerdo de iniciación del expediente sancionador como “propuesta de resolución”, haciendo “responsable al Ayuntamiento de Cabuérniga” de los ocurrido.

Tres años seguidos de denuncias por parte de un particular, y tres años seguidos de sanciones que han llevado al denunciante a elevar la situación ante el Defensor del Pueblo, al que reclama ayuda para que “exija al Ayuntamiento de Cabuérniga el arreglo inmediato” de la depuradora, cuyos vertidos están “acabando con todo el ecosistema, peces, fauna y flora del río”.

La primera vez que el Consistorio fue denunciado por estos mismos hechos ante la Confederación Hidrográfica fue el 11 de febrero de 2021, cuando el Organismo emitió una resolución sancionadora. En aquel momento, la denuncia no estuvo realizada solo por un particular, sino que también la formuló la Dirección General de Obras Públicas y Puertos del Gobierno de Cantabria y la Oficina de Información Ambiental del propio Ministerio que está imponiendo estas sanciones.

Tanto en la resolución de 2021 como en la de 2022, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico indicó al Ayuntamiento, que en esta nueva legislatura continúa estando gobernado por el PP con Rosa Fernández a la cabeza, que “deberá ajustarse fielmente al condicionado” de las resoluciones de este organismo de 2011 y 2014, y advirtió que “en caso de incumplimiento se estimaría reiteración como circunstancia agravante de la responsabilidad”, algo que ha terminado haciéndose en la sanción de 2023.