Salud penalizará a la empresa de ambulancias por los incumplimientos del contrato

La Consejería de Salud trabaja en el expediente sancionador para penalizar a la empresa que se ocupa del transporte de ambulancias debido a los incumplimientos del servicio. Además, ha asegurado que ya cuenta con una solución para no tener que interrumpir el servicio del transporte programado de ambulancias cuanto termine la prórroga del contrato, que caduca dentro de cuatro días, el 9 de febrero.

Y es que la licitación del transporte no urgente se paralizó tras el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Transporte Sanitario (AETRANS-Sanit), por lo que el consejero del área, César Pascual, ha reconocido que el proceso va "muy justo" para adjudicarse a tiempo antes de terminar la prórroga, pero "ya hay una alternativa".

Pascual ha reiterado que "no vamos a internalizar el servicio"

Pascual ha asegurado que "hay algunas soluciones que se pueden tomar", aunque "vamos a estar sometidos al Tribunal de Cuentas". Además, ha avanzado que se adjudicará el contrato "en cuanto se levante la suspensión cautelar" adoptada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

"No se va a interrumpir el servicio porque ya tenemos solución en caso de no llegar", ha respondido este lunes en el Pleno del Parlamento, en el que tanto PRC como PSOE han llevado iniciativas para preguntar por el servicio de ambulancias, denunciando que está "peor que nunca", con condiciones "deplorables" en los vehículos y bases logísticas. Por ello, han pedido a Salud que exija medidas a la adjudicataria, Ambuibérica en el caso del transporte programado a través del contrato que caduca el día 9 -que se prorrogó al quedar desierta la primera licitación-; y en el del transporte urgente Autransa, la nueva marca de la misma empresa.

El consejero ha reconocido que el programado "evidentemente no está bien, pero no está peor que nunca", y ha añadido que hasta que no estén los dos contratos -el de urgente y el de programado- adjudicados y plenamente operativos "va a ser prácticamente imposible mejorarlo".

Los diputados Paula Fernández (PRC) y Raúl Pesquera (PSOE) han denunciado que el pliego que sacó a concurso el anterior Gobierno PRC-PSOE establece requisitos que no se están cumpliendo, como que las ambulancias no tengan más de cuatro años o 50.000 kilómetros, o la necesidad de incorporar 38 nuevas más 10 de reserva, de las que aún "no han puesto ninguna".

No obstante, Pascual ha indicado que dieron para cumplir esta premisa un plazo de 180 días que aún no se ha cumplido, por lo que en ese aspecto aún no se puede reclamar. Sí en otros asuntos como las exigencias de limpieza y desinfección, en torno a lo que el consejero ha dicho que "lo único que pueden hacer es penalizar", y para ello ya se han abierto los expedientes.

De ellos se está ocupando un grupo de trabajo que, además, tiene otras misiones como la de definir nuevos criterios para los usuarios que tienen derecho al transporte programado de ambulancias, con el objetivo de que lo utilice quien "realmente lo necesita", pues a juicio del consejero se está pidiendo "de forma indebida". "No es un taxi", ha advertido.

Pascual ha criticado que la anterior Consejería de Sanidad en manos del PSOE hizo un diseño "absurdo" de los pliegos del transporte no urgente, que ponían unas condiciones que a su juicio "iban enfocadas claramente al fracaso empresarial" para justificar su intención de internalizar el servicio.

Sin embargo, el popular ha reiterado que "no vamos a internalizar el servicio" y ha reprochado que ni ellos lo han hecho "en 16 años" que han gobernado, solo en aquellas comunidades donde han estado "presionados" por su "socio de extrema izquierda", como en Baleares y La Rioja, aunque con resultados "de terror": "un despilfarro nunca visto y los indicadores sanitarios no han mejorado".

Por su parte, Paula Fernández y Raúl Pesquera han denunciado que el PP aseguró que "en breve veríamos mejoras" en las ambulancias pero en los últimos seis meses "no se ha invertido ni un euro".

CRIBADO NEONATAL

Por otra parte, el consejero de Salud, en otra interpelación del PRC, ha reiterado en el compromiso de incrementar "de forma progresiva" la cartera de servicios del cribado neonatal(también conocida como prueba del talón) hasta 21 patologías metabólicas y, para agilizar el llegar a ese número, se plantea cambiar del laboratorio de referencia, del actual, que es el del País Vasco, al que hay en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Actualmente, a través del cribado neonatal se detectan 12 patologías. Para el análisis de las muestras que se toman de los bebés cántabros entre las 48 y 72 horas del nacimiento, éstas se envían al Laboratorio de Salud Pública del País Vasco.

Dado que este es el centro de referencia, Pascual ha explicado que el programa de cribado en Cantabria es similar al del País Vasco y la ampliación de la cartera del servicio "depende" de la que efectúe la comunidad autónoma vecina.

Por tanto, para llevar a cabo la ampliación hay "dos escenarios": bien mantener el actual y conservar al laboratorio del País Vasco como centro de referencia e ir ampliándolo a su ritmo o, si no, adaptar al cribado de la Comunidad de Madrid y enviar las muestras al Gregorio Marañón, lo que permitiría llegar antes a cubrir las 21 patologías. Ha explicado que el ritmo que le ha expuesto el País Vasco para ampliar la cartera de este servicio no le convence. "Queremos ir mucho más rápido".

Por otro lado, a preguntas de Vox en el Pleno, Pascual ha explicado que en Cantabria no hay un registro específico de pacientes con ELA (Esclerosis lateral amiotrofica), pero en lo que sí trabajan profesionales es en la realización del registro autonómico de enfermedades raras, que incluirá el ELA.

También ha explicado que en Valdecilla hay una Unidad de ELA, que tiene carácter "multidisciplinar", y que en Sierrallana hay una consulta monográfica de ELA que también se hace una atención multidisciplinar y que trabaja de manera coordinada con la Unidad de para proporcionar la atención y tratamiento que precisan sus pacientes.

AYUDA A CUIDADORES Y CAD SIERRALLANA

También ha intervenido en la sesión la consejera de Inclusión Social, que a preguntas del PSOE ha negado que el Gobierno actual apueste por privatizar los puestos del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana y que haya suprimido el Servicio de Ayuda a Cuidadores en el Entorno Familiar (SACEF).

Respecto al primer asunto, ha explicado algunos días de diciembre se contrató a personal de una empresa externa puntualmente por "extrema necesidad" ya que la bolsa estaba agotada, y respecto al SACEF ha afirmado que lo que se ha acometido es una "reorganización" para dar respuesta al "galimatías" que había en este servicio que el anterior Ejecutivo creó "sin tener el sustento legal necesario".

Según ha indicado, este servicio de la Fundación Cántabra de Salud y Bienestar Social nació en agosto de 2020 como una "iniciativa experimental" y para cuya prestación se llevaron a cabo cinco contrataciones temporales con una duración limitada de 3 años, lo mismo que la duración del servicio.

"Fueron ustedes lo que pusieron fin a este programa", ha dicho la consejera a los socialistas, insistiendo en que el PP "ni ha hecho desaparecer el servicio del SACEF ni ha despedido a los trabajadores contratados en 2020".

Ahora lo que se hace es crear una Unidad para la Promoción de la Autonomía Personal y la Prevención de la Dependencia, a la que se han adscrito puestos de trabajo de la propia Fundación y se ha incluido en los Presupuestos una partida específica destinada a medidas de apoyo directo a los cuidadores de personas dependientes. Según la consejera, esta reorganización va a suponer también "una clara simplificación administrativa del procedimiento".