“La reducción de ambulancias, la falta de médicos y el cierre de centros de salud creará un serio problema y el deterioro del SCS”
USO ha recurrido la resolución de adjudicación del servicio de ambulancias programado de Cantabria ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al considerar "imposible" la ejecución del pliego sin vulnerar las condiciones laborales. En un comunicado, USO ha explicado este viernes que ha estudiado "en detalle" la oferta de adjudicación del servicio de ambulancias de programado (TSNU) con la aplicación del convenio colectivo correspondiente y ha concluido que la oferta es "rotundamente insuficiente".
USO considera que la oferta de la adjudicataria es "técnicamente inviable" pues el número de vehículos ofertados no es suficiente
Según USO, durante el primer trimestre de este año se han requerido 58 vehículos titulares y 12 de reserva, cuando la oferta adjudicada contempla 45 vehículos titulares y 9 de reserva, lo que a su juicio la convierte en "totalmente inviable". Además, el sindicato considera que la reducción de vehículos puede conllevar la reducción de plantilla y de conductores y/o la modificación de jornadas y de turnos de trabajo.
Asimismo, ha alertado de que "la reducción de ambulancias en el contexto actual, la falta de médicos y de cierres de centros de salud, creará un serio problema asistencial y el deterioro del servicio prestado por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) del que el servicio de ambulancias es una parte muy importante".
USO considera que la oferta de la adjudicataria es "técnicamente inviable" pues el número de vehículos ofertados no es suficiente para atender el servicio de TSNU de Cantabria. Máxime cuando se contempla además una bajada económica "relevante" sobre el propio pliego, que "repercutirá negativamente sobre el servicio, las condiciones de empleo y sobre los derechos laborales de los trabajadores".
Por todo ello, USO demanda del Tribunal Administrativo Central que se analice y evalúe la oferta "rigurosamente" para asegurar que satisfaga las necesidades del contrato público de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.