Una red de conserveras reetiquetaba latas caducadas para volver a intentar venderlas

La Guardia Civil de Navarra en el marco de la operación “Artichoke", llevada a cabo recientemente en las provincias de Navarra, Valencia, Murcia, La Rioja y Cantabria ha desarticulado una organización especializada en delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la seguridad social.

La investigación comenzó en mayo de 2016 a raíz de una denuncia a través del Portal de Internet de la Guardia Civil, donde se ponía de manifiesto la posible existencia de un fraude alimentario consistente en la modificación de fechas de caducidad y re-etiquetado de conservas, extendiendo así la fecha final de vencimiento para su consumo, llegando en algunos casos a prorrogarlas más de 10 años, según publica Navarra.com.

Como fruto de la investigación se ha detenido a nueve personas, se han practicado tres registros y se han incautado 3.744 latas de mejillón, 4.500 latas de ventresca, 500 latas de sardinas y 10.000 latas de atún.

Igualmente se han podido constatar la existencia de más de 500 transferencias internacionales a paraísos fiscales tales como Trinidad y Tobago, Islas Mauricio, Panamá, Emiratos Árabes entre otros, por un montante de más de 5 millones y medio de euros, concretamente 5.666.653 euros.

RED DE EMPRESAS

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona de Navarra y han contado con la colaboración de agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial así como agentes de Seprona de Valencia, Murcia y Cantabria.

Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, inició una investigación encaminada a conocer la veracidad de los mismos. Se realizaron gestiones tendentes a la averiguación del domicilio social de la empresa en cuestión, así como de las personas que administraban la misma, y se averiguó que una única persona el administrador de la empresa y a cuyo nombre figuraban 8 empresas más.

Se solicitaron a los Ayuntamientos de las localidades donde se encontraban los domicilios sociales los justificantes de pago del IAE (Impuesto Actividades Económicas), dando como resultado que todas las empresas se encontraban de baja por lo que no abonaban el referido impuesto, sin embargo, todas se encontraban en el Registro Mercantil como activas.

Del mismo modo, se realizaron servicios de vigilancia en los exteriores de la empresa observando continuas cargas y descargas de camiones pudiendo constatar la existencia de un entramado delictivo.

SALMONELOSIS O BOTULISMO

Como fruto de la investigación se pudo constatar el modus operandi de este entramado empresarial consistente en la creación de varias empresas distribuidoras y empresas dedicadas al etiquetado que se facturaban mutuamente. Las empresas distribuidoras adquirían productos de las conserveras directamente abriéndose en este punto dos vías de salida para la mercancía.

Por un lado, la conservera estuchaba y etiquetaba las marcas de los distribuidores, con lo que posteriormente, si no se había conseguido vender el producto, éste era recuperado a bajo coste y volvía a los distribuidores que procedían a re-estucharlo y re-etiquetarlo, en la empresa de etiquetado creada a tal fin, bien con su propia marca bien con marca de terceras empresas de la misma propiedad, alargando las fechas de caducidad y nuevamente lo introducían en el mercado.

O bien la segunda opción, por la que las empresas distribuidoras compraban la mercancía “a granel” con lo cual tendrían vía libre para estuchar y etiquetar a su antojo con la empresa etiquetadora.

Estas prácticas suponían grandes beneficios sin poner en riesgo ningún capital, generaba ganancias del mismo modo a todas las empresas puesto que los productos cuya fecha de consumo preferente había vencido se ponían de nuevo a la venta, a sabiendas de las posibles dolencias que pudieran causar a las personas tales como botulismo, salmonelosis o intoxicaciones diversas.