Real dice que tiene “la conciencia muy tranquila” tras la caída de tres de sus subordinados

La consejera de Sanidad, Luisa Real (PSOE), ha asegurado que el hasta ahora gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Alejandro Rojo, ha "presentado su dimisión" –y no ha sido cesado– por la "desagradable" situación que está viviendo a nivel personal y laboral por las presuntas irregularidades contractuales en el SCS, al ser una de las cuatro personas contra las que se dirige la denuncia que la Fiscalía ha remitido al juez a raíz de la investigación abierta. "Todas las personas implicadas en este procedimiento están siendo sometidas a un juicio mediático sin ningún respeto a la presunción de inocencia", ha considerado la titular del departamento hoy jueves a preguntas de los periodistas, a los que ha reiterado que no se plantea dimitir "en absoluto". "Mi conciencia está muy tranquila", ha afirmado. "Lo que no sé es si las (conciencias) de todos están tan tranquilas como la mía", ha remachado. Real ha respondido a los medios por la nueva dimisión en el SCS, que se suma a las que presentaron el pasado mes de mayo el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil, y el director de Gestión Económica, Javier González. Ha indicado que "en todos los casos" presentaron la renuncia por la "desagradable" situación personal que hace más "difícil" un trabajo ya de por sí "muy duro" como es la gestión sanitaria.

Destaca que la dimisión ha sido "presentada" por el gerente de Atención Primaria

Así, la consejera ha rechazado que detrás de la marcha de Rojo –que será sustituido en las "próximas horas"– esté el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), que hace una semana declaró a los medios después de su viaje a México que los directivos del SCS contra los que se dirige la denuncia de la Fiscalía "están ya fuera del organigrama de gestión del SCS", en alusión a Pérez Gil y González, y admitió que desconocía la situación del gerente de Atención Primaria, añadiendo que lo hablaría con Real. Pero "el presidente no ha dicho absolutamente nada de que [Rojo] sea culpable de nada" ha considerado la consejera, que ha agregado al respecto –y a propósito también de opiniones del jefe del Ejecutivo autonómico sobre que un cargo de su Gobierno involucrado en un proceso judicial debe abandonar el puesto cuando esté imputado– que "nadie a fecha de hoy" en el SCS ha recibido "ninguna" documentación o comunicación, "ni siquiera" de que esté siendo investigado. "Yo creo que Revilla no ha aludido a ninguna cuestión de este tipo, ha hablado de forma genérica", ha considerado la titular de Sanidad, para recalcar a continuación que, en cualquier caso, la dimisión ha sido "presentada" por el gerente de Atención Primaria.

Además, Real ha pedido esperar a que a concluya la investigación para determinar si hay responsabilidades en los "cuatro" procedimientos que la Fiscalía ha señalado de un total de 44.000 contratos que se realizan al año en el SCS. "Se está sentenciando sin ningún respeto a la presunción de inocencia", se ha vuelto a quejar la consejera del ramo, que se ha mostrado "convencida" de que se han "podido cometer errores" pero no "irregularidades a sabiendas" y, "mucho menos, delitos". Así, si existe alguna responsabilidad ha recordado que la máxima que se le puede exigir a un cargo público es la dimisión, consecuencia que ya ha sido asumida por las personas señaladas como involucradas en este procedimiento [Rojo, Pérez Gil y Gómez González, además de un asesor externo nombrado por estos dos últimos, Álvaro Sáenz de Viteri] que aún está en fase de "investigación", ha recalcado. Real, que lamenta "profundamente" la "desagradable" situación personal que han vivido todos ellos al verse implicados en esta causa, ha asegurado que ella no está "involucrada", por lo que no ve ningún motivo para dimitir, petición formulada por PP e IU –que denunciaron las irregularidades contractuales a la Fiscalía– y el resto de partidos de la oposición. El Ministerio Público ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por IU y PP, en los que según el fiscal se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos.