El Partido Regionalista de Cantabria quiere conocer los criterios esgrimidos por el Gobierno nacional para "no pagar el coste real" de la financiación de la Ley de Atención a la Dependencia, ya que deben ser las dos administraciones las que sufraguen su coste al 50%.

Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "no está cumpliendo con sus obligaciones" en materia de dependencia, según ha subrayado la diputada regionalista y portavoz en la materia, Rosa Valdés, quien interpelará sobre el asunto al Gobierno de Cantabria en el pleno de este lunes.

En concreto, la parlamentaria quiere conocer los criterios del Gobierno "respecto de los costes de atención a la dependencia en Cantabria, en relación con la financiación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018", así como "la deuda acumulada en el sistema de atención a la dependencia autonómico como consecuencia de la falta de financiación estatal desde el año 2012".

En este sentido, Valdés ha recordado que la Ley de Atención a la Dependencia recoge que deben ser las dos administraciones: la estatal y la regional, las que "financien al 50% las prestaciones y servicios para garantizar su correcto funcionamiento y su sostenibilidad". Pero en Cantabria, el Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla aporta el 84% de la financiación frente al 16% del Gobierno de Rajoy, recalca en un comunicado.

En 2017, mientras el Gobierno regional aportó 111,6 millones de euros, la Administración del Estado sufragó 20,6 millones de euros. Por ello, Valdés ha incidido en que la llegada de Rajoy a la Moncloa "cambió radicalmente" la atención a la dependencia, ya que "paralizó el calendario de implantación previsto y estranguló la aportación de los recursos económicos necesarios" para "el mantenimiento y el funcionamiento correcto" del sistema.Además, ha apuntado que "rompió" el equilibrio presupuestario existente entre las dos administraciones y "deterioró" las prestaciones y los servicios que se ofrecían.

"Un deterioro que el Gobierno de Cantabria está revirtiendo con un gran esfuerzo económico, ya que soportamos la red de atención a la dependencia más cara de España, con un gasto público por beneficiario de 7.683 euros de media al año", ha subrayado al respecto.

Por todo ello, la diputada regionalista ha apuntado la necesidad de "establecer mecanismos que avalen y garanticen la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema, dada la cerrazón del Gobierno del Estado a reconocer el verdadero coste del sistema".