Podemos presenta una moción para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia, que han sido “despojadas de derechos”

El Grupo Parlamentario de Podemos presentará una moción al Pleno del Parlamento de Cantabria para mejorar las condiciones técnicas de los nuevos pliegos para la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio del sector de la dependencia en Cantabria, cuyas trabajadoras, unas 400, cobran una media de 600 euros mensuales y han visto "precarizarse" sus condiciones desde la "privatización" del servicio en 2011. Esta moción es subsiguiente a la interpelación parlamentaria a la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, en la que ésta anunció que se redactarán nuevos pliegos para el servicio, cuyo contrato finaliza a mediados de diciembre de este año, por lo que, a juicio de Podemos, es un "buen momento para revertir la externalización" y recuperar los derechos perdidos.

La portavoz parlamentaria de Podemos, Verónica Ordóñez, acompañada de cuatro trabajadoras de la ayuda a la dependencia, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para presentar la iniciativa que se debatirá en el pleno del 14 de mayo y que ha sido consensuada con ellas. Esta propuesta nace de las peticiones que de manera reiterada han realizado las trabajadoras al Gobierno de Cantabria, que tienen que ver con las condiciones laborales que las precarizan y que, como consecuencia, afectan al servicio que se presta a los dependientes de Cantabria. Ordóñez ha explicado que en ella reclaman a los gobiernos de Cantabria y de España, cada uno en sus relativas competencias, que respeten lo establecido por la Ley de Dependencia estatal y garanticen los cuidados de las personas dependientes en Cantabria, pero también que tengan en cuenta la situación específica de las trabajadoras del sector. Un sector "precarizado, en el que no se respetan sus derechos laborales, que no tienen derecho a conciliación laboral, no tienen calendario laboral o EPIS", ha denunciado la diputada, quien también ha recordado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que si habla de llevar a otras comunidades este modelo de servicio, "ha de ser un sector que genere puesto de trabajo que no sean precarios".

Las trabajadoras lamentan ser consideradas "chachas"

Rosa Martínez, auxiliar de domicilio representante independiente del colectivo de las trabajadoras, ha expuesto la situación en la que se encuentran las trabajadoras en la comunidad desde que se externalizó el servicio en la legislatura 2011-2015, gobernando el PP en Cantabria. Según ella, se trató de "una privatización encubierta que ha provocado un deterioro progresivo del servicio en Cantabria", tanto de la atención a los dependientes como de las condiciones laborales de las mujeres que prestan este servicio. Martínez ha explicado que cada tres años las trabajadoras son subrogadas por la administración a empresas multiservicios "a las que poco les importa la calidad asistencial ni nuestros derechos laborales, siendo su objetivo único conseguir ganancias económicas". Las trabajadoras piden al Gobierno de Cantabria que en los pliego de licitación se fije un techo económico al precio/hora que garantice la calidad de la prestación del servicio, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo. En este sentido, se licitó por encima de 14 euros la hora cuando en su opinión ésta debería costar entre 20 y 21 euros. "Así evitaríamos las licitaciones a la baja que es lo que provoca que no se cumplan los pliegos de licitación, en que no se abonen los salarios, en que no se abonen los gastos de desplazamiento, en que no tengamos ropa de trabajo y EPIs reglamentarios, en que los domicilios carezcan de dotación de medios mecánicos que faciliten nuestra labor". Además, las trabajadoras han lamentado ser consideradas "chachas". "Lo tenemos asumido pero no debería ser así", han denunciado, así como la mala distribución de los horarios, que les llevan a estar "todo el día en la calle por 600 euros". "No tenemos un horario; tenemos un teléfono", ha apostillado Martínez, mientras María Rodríguez, otra trabajadora del sector, ha puntualizado que a los 600 euros deben descontarse los 200 que se gastan en gasolina. "Estamos subvencionando la ayuda a domicilio", ha denunciado esta empleada, recordando que cada auxiliar atiende a entre cuatro y seis usuarios al día.

En la moción se solicita que la Administración incluya en los pliegos de contratación un plus de penalidad para las trabajadoras del SAD; y que se les reconozca como tiempo de trabajo efectivo el desplazamiento entre servicios y que se garantice que la empresa abona los costes derivados de estos desplazamientos como la gasolina y gastos de aparcamiento. Además, se reclaman calendarios de visitas y servicios en los que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios, distinguiendo entre necesidades vitales y preferencias, de modo que estas últimas queden supeditadas al establecimiento de un horario de trabajo más normalizado para las trabajadoras del servicio; y que se priorice a aquellas empresas que no estén o hayan estado incursas en procedimientos judiciales por incumplir la legislación laboral y de la seguridad social. En lo referente a la Seguridad y salud en el trabajo ven necesario que se incluya expresamente en los pliegos la obligación de presentar un protocolo de prevención de riesgos biológicos, así como un protocolo específico para la gestión del riesgo de violencia por parte de terceros incluyendo de forma específica los medios para su efectiva aplicación.

Además incluyen que se realicen inspecciones periódicas por parte de la Administración con el fin de verificar que se cumplen efectivamente la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales y, a efectos del cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales, que se incorpore en los pliegos que la entidad contratante deba facilitar a los usuarios que lo necesiten, camas articuladas y grúas que permitan la movilización de las personas que lo precisen, debiendo la Fundación comprobar el entorno del usuario antes de acometer el servicio. Para garantizar el efectivo cumplimiento de esta obligación, se incluirán igualmente cláusulas penales que incorporen sanciones cuyo coste sea al menos el triple del valor del servicio o material que hayan dejado de prestar o implementar. En los pliegos se deberá incluir un plazo cierto y determinado para que la empresa presente a la Administración un calendario laboral.