Podemos se ha quedado este lunes prácticamente solo en su iniciativa de reformar la actual Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria para mejorar la Renta Social Básica (RSB), un ámbito que contará con una ley específica que el Gobierno regional (PRC-PSOE) se compromete a presentar en 2018, algo que la formación morada no cree.

El Parlamento de Cantabria ha rechazado la toma en consideración de la reforma legislativa que plantea Podemos, que solo ha contado con el respaldo del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, integrante del grupo mixto.

Mientras, se han opuesto a la tramitación de la reforma legislativa de Podemos el PRC y PSOE, grupos que sustentan al Gobierno, y también del PP así como el otro diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de la formación naranja.

La vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha defendido que el Gobierno ha iniciado la elaboraciónn del proyecto de ley específico sobre la RSB "en el momento preciso", tras tener "un conocimiento adecuado desde la gestión y una visión de toda la normativa autonómica" existente al respecto.

Por el contrario, ha considerado "irresponsable y oportunista" la postura de Podemos, al que ha advertido que su propuesta tiene "un impacto económico "inasumible en el presupuesto si no es a costa de aumentar los impuestos" y también tiene "impacto respecto a la desincentivación del trabajo".

"Es una cuestión tan importante y compleja que no se puede convertir en un mercadeo", ha dicho en alusión a las negociaciones entre Podemos y PRC-PSOE sobre el presupuesto de 2018.

78 MILLONES DE EUROS

Podemos cuantifica su propuesta, que beneficiaría a 25.253 familias y 48.473 personas, en 78 millones de euros, un 3% del presupuesto de Cantabria, señalando que un 85% se recuperaría a través del consumo directo y un 15% vía impuestos.

La propuesta de la agrupación morada aumenta la cuantía de la Renta Social Básica del 80% al 90% del IPREM, así como la cuantía por cada persona adicional en un 20% sin fijar límite cuantitativo y añade un subsidio complementario para familias monoparentales con hijos menores de 14 años o mayores incapacitados o con una discapacidad superior al 33%, que se corresponderá con el 50% del gasto derivado de su guarda y cuidado.

Igualmente, añade como titulares a las personas que dejan de ser tuteladas por la Administración al alcanzar la mayoría de edad. La propuesta incluye la simplificación de los trámites que tiene que realizar el ciudadano para la RSB y que éste no tenga que presentar ningún documento que ya tenga la administración, un derecho reconocido desde 1992.

La diputada de Podemos Verónica Ordóñez ha exigido al Gobierno el cumplimiento del pacto de 2015 que hizo presidente a Miguel Ángel Revilla y ha reprochado ha bipartito que "hay dinero para puertos y para recolocar a antiguos gestores e incluso un premio de última hora para el señor Ángel Agudo..., pero para lo importante, para las personas, no lo hay".

La portavoz morada ha alertado de que, según el VI Informe sobre la Pobreza en España, relativo a 2016, cifra en 143.223 los cántabros en riesgo de pobreza y exclusión, 27.000 más --ha dicho-- que al inicio de la crisis.

Ordóñez también ha cuestionado los plazos dados por el Gobierno de aprobar la ley de RSB en Consejo de Gobierno durante el primer semestre de 2018 y aprobarla en la Cámara antes de que termine el año.

A su juicio, se trata de un calendario que no se va a cumplir "a menos" que ya se tenga pactada la tramitación con el "tránsfuga", según ha dicho, Juan Ramón Carrancio.

Por su parte, los grupos regionalista y socialista han defendido el pacto han argumentado su negativa en la nueva ley específica en RSB que prepara el bipartito, iniciativa que, según ha defendido la regionalista Rosa Valdés, es "más acertada" que la reforma legislativa que plantean los podemitas.

La diputada del PSOE Silvia Abascal también ha opinado que la reforma que propone Podemos es "innecesaria", "inoportuna" y "oportunista", ya que, a su juicio, se plantea pensando en los "intereses de Podemos" y "no" en los de Cantabria.

Abascal ha señalado que el Gobierno ya está "elaborando" los estudios y las investigaciones sobre la exclusión y la pobreza en Cantabria para abordar la nueva ley y ha explicado que se van a identificar todos los "elementos" y cuestiones en relación a este problema y se van a plasmar en un documento para ser tenido en cuenta en la elaboración de la norma.

Además, ha cuestionado los datos sobre población en riesgo de exclusión y pobreza expuestos por Podemos y ha asegurado que se basa en un informe "obsoleto" y "caducado".

Así, Abascal ha acusado a Ordóñez de intentar "engañar" a los cántabros hablando del informe de 2016 y no del de 2017, que revela un "descenso notable" de la población en riesgo de pobreza en Cantabria.

Regionalistas y socialistas han defendido la labor del Ejecutivo en materia de RSB, en atender a los que más lo necesitan y en reducir la desigualdad que, a su juicio, se generó durante la pasada legislatura, bajo el Gobierno del PP.

A juicio de PRC y PSOE, Podemos trata con su reforma de intentar "monopolizar" para sí la defensa de la RSB y buscar "apropiarse de un espacio político" que este partido "no tiene" y al que, según Abascal, está "vacío" de propuestas.

También 'no' ha votado el PP a la reforma legislativa del Gobierno porque, según ha explicado la diputada 'popular' Isabel Urrutia, "propugna un modelo" con el que "no está de acuerdo". "Confunden la política social con la política del subsidio", ha aseverado.

Sin embargo, Urrutia sí se ha mostrado de acuerdo con Ordóñez en criticar la labor que está desempeñando el Gobierno y ha defendido que el proyecto de Presupuestos para 2018 del Ejecutivo es una "farsa en lo social", en la que, a su juicio, desciende el peso que en él tiene la dependencia o la sanidad.

El diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio ha votado también en contra ya que, aunque ve con "simpatía" la reforma legislativa que plantea Podemos y considera que la "intención" es "buena", sostiene que es "irrealizable" dede el punto de vista económico.

"Debemos ser responsables o pondremos en riesgo el propio Estado de Bienestar", ha dicho.

Cs sí ha aceptado la toma en consideración pese a que el texto propuesto por la formación morada "no le gusta" y hay cuestiones que se plantean que el partido naranja "modificaría" o "eliminaría".

En este sentido, Gómez estaba en favor de tramitar la reforma y "negociar" el texto durante el proceso parlamentario.