“La pasividad de los responsables educativos ante este grave caso es inaceptable, exigimos sanciones tanto para la dirección del centro como para el inspector responsable”

Podemos Cantabria ha expresado su “solidaridad y apoyo absoluto” al menor víctima del grave caso de acoso escolar dado a conocer este miércoles en el IES Torres Quevedo, donde el joven, con parálisis cerebral y en silla de ruegas, ha sido agredido y acosado por otros compañeros de clase en un aula en la que todos se encontraban sin la presencia de un profesor.
La formación, que ha trasladado ese apoyo a la familia, ha afirmado que “no están solos en este difícil momento”, y ha exigido “justicia y protección para la víctima”. En este sentido, ha calificado de “inaceptable” la “pasividad de los responsables educativos” ante lo ocurrido.
SANCIONES Y DIMISIONES
“Por ello, exigimos sanciones tanto para la dirección del centro como para el inspector educativo responsable. Si no se toman medidas de manera inmediata, consideramos que el consejero de Educación, Sergio Silva, debe asumir su responsabilidad y presentar su dimisión, o en su defecto, ser cesado por la presidenta María José Sáenz de Buruaga”, considera Podemos en un comunicado.
Para el partido, la gravedad de los hechos y las imágenes “que han salido a la luz” son motivos suficientes para que se tomen “medidas inmediatas y efectivas”, ya sean por parte de la dirección del centro, la inspección educativa o, en última instancia, el consejero de Educación”. “La víctima no puede seguir conviviendo a diario con sus agresores. La respuesta adecuada por parte de la Administración debió ser, desde el primer momento, el traslado forzoso de los agresores a otro centro, además de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Menores, dado que se trata de una agresión violenta contra una persona con discapacidad, un hecho que podría constituir un agravante”, subraya.
Podemos recuerda igualmente que “el acoso escolar sigue siendo un problema persistente en los centros educativos de Cantabria”, y ha exigido “a las autoridades académicas y políticas que actúen con contundencia para erradicar la violencia en las aulas y garantizar la seguridad de todos los estudiantes”, ya que “no podemos permitir que casos como este queden impunes ni mirar hacia otro lado”.