El ocio nocturno recurre el cierre en Cantabria y pide la suspensión de la medida
Las empresas del ocio nocturno de Cantabria han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la medida del Gobierno regional que decreta el cierre de estos establecimientos, dentro de las restricciones acordadas ante el aumento de contagios y brotes de coronavirus en la región y el conjunto del país, y solicitan además la suspensión cautelar de la medida para evitar "daños irreparables" al sector.
La agrupación indica que la resolución judicial sobre la petición de suspensión cautelar se conocerá "en los próximos días", y de ser favorable al gremio podría implicar que este próximo fin de semana los establecimientos abrieran en horario reducido, tal y como venían haciendo en las últimas semanas hasta la entrada en vigor, el lunes 17 de agosto, de la resolución de Sanidad del cierre de discotecas, salas de fiestas, pubs, bares especiales y whiskerías.
En el escrito de solicitud de medidas cautelares, el colectivo empresarial alega que el Gobierno cántabro "no ha justificado" que la medida de cierre sea "ni proporcionada, ni necesaria, ni la más idónea" a la situación actual de pandemia, así como tampoco "la menos perjudicial a los intereses tanto públicos como privados".
"Las medidas acordadas por el Gobierno de Cantabria no pueden ser adoptadas a la ligera ni de manera generalista y han de estar ampliamente justificadas mediante informes técnicos que aseguren que su adopción va a redundar en un control en la propagación del virus", esgrimen los empresarios de la noche.
Igualmente, creen que al adoptar la medida de cierre "se asimila la realidad de las empresas de ocio nocturno de Cantabria, de pequeño tamaño y fácil control con la actividad de macrodiscotecas inexistentes en la Comunidad, sometiendo a negocios de carácter familiar a medidas diseñadas para formatos orientados a eventos multitudinarios que en Cantabria no existen".
Además, a juicio del sector, las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad -consensuadas con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio del ramo- se establecen de manera "indefinida, sin duración temporal, sin incluir los criterios que, en un futuro, puedan permitir su alzamiento, colocando a estos negocios en un limbo legislativo".
COMPETENCIA MUNICIPIOS
El escrito argumenta también que la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria establece en su artículo 8 la competencia de los municipios para la concesión de licencias de apertura de este tipo de actividades.
Ello implica, según esgrimen, que la Comunidad Autónoma, "en principio, no podría entrar a acordar medidas preventivas como las impugnadas, salvo que existiese un riesgo inminente y extraordinario para la salud".
En opinión del sector del ocio nocturno, para ordenar el cierre de sus negocios, el Gobierno de Cantabria debería acreditar que los establecimientos afectados por la medida "son focos de contagio del virus antes de clausurarlos de manera definitiva"; que esas medidas van a "repercutir positivamente en el interés general con un claro descenso en la transmisión" del Covid-19; y que son las "idóneas en contenido y duración a tal fin no existiendo otras que causaran menores perjuicios al sector".
SECTOR OCIO NOCTURNO EN CANTABRIA
El sector del ocio nocturno en Cantabria, conformado por 275 empresas de discotecas y salas de estas, productoras de festivales y eventos culturales, tablaos y restaurantes de espectáculo, verbenas y entidades festeras, supone el 1,6% del PIB regional y genera más de 2.200 empleos directos y 5.000 indirectos.
De esos estos últimos, un porcentaje "muy alto" son jóvenes menores de 30 años que compatibilizan trabajo y estudios universitarios o han terminado recientemente la carrera y encuentran en el sector una posibilidad de incorporación al mercado laboral.
Pese a su importancia, el sector es "especialmente vulnerable" por las "fuertes inversiones" que conlleva, el "alto coste de levantar la persiana cada día" por sus "especiales" características, y por estar sujeto a una "mayor exposición" ante los ciclos económicos e "íntimamente relacionado" con el poder adquisitivo de los consumidores.
"Estamos ante un sector delicado al que cualquier medida a aplicar podría causar graves consecuencias económicas", concluyen.