Tres mujeres liberadas, 23 detenidos y cerrados dos clubes de alterne en Cantabria y Vizcaya

Tres mujeres de origen sudamericano han sido liberadas en una operación sobre trata con fines de explotación sexual, que se ha saldado con 23 detenidos, la mayoría en Cantabria (12), y la clausura de dos clubes de alterne, uno en la región, en Bárcena de Cicero, y el otro en Vizcaya, en Trápaga.

La banda captaba a las víctimas, procedentes de países como Venezuela, Paraguay y República Dominicana, con la promesa de un futuro prometedor. Pero una vez en España eran obligadas a prostituirse para saldar una supuesta deuda que habían contraído, de 6.000 euros en algunos casos.

Para ello, eran sometidas a jornadas de hasta doce horas diarias e incluso más si algún cliente así lo requería, en las que tenían que prestar una media de tres encuentros sexuales como mínimo, y las obligaban además a pagar 55 euros diarios en concepto de alojamiento y luz.

La operación, denominada 'Cicerone', ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional, y sus responsables han informado este jueves de la misma en Santander, en una rueda de prensa que han ofrecido, entre otros, el jefe superior de Policía en la Comunidad, Héctor Moreno, y el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, que ha avisado de que "en Cantabria no vamos a dejar que se instalen esas redes que trafican con personas" y las someten a condiciones "inhumanas".

Porque, según ha alegado, la prostitución "no es el oficio más viejo del mundo", sino que es "la esclavitud más antigua y grande de la historia", y constituye además el "tercer negocio ilegal" del mundo.

HAY MÁS MUJERES

A raíz de una investigación iniciada en junio del año pasado, gracias a la declaración de un víctima que logró escapar de la red, denunció los hechos y pasó a ser testigo protegida, se ha conseguido liberar a tres mujeres que llevaban "varios meses" siendo explotadas, aunque hay más, algunas identificadas y otras localizadas.

A día de hoy se sabe que once mujeres habían sido tratadas y explotadas por esta organización, pero "es posible que aparezcan más", pues la investigación sigue abierta y se continúan efectuando registros, a sumar a los seis practicados ya, según ha indicado el responsable de la sección de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Encargado de coordinar la operación, que se ha desarrollado en colaboración con las jefaturas de Cantabria, País Vasco y Castilla y León, ha señalado que "la labor más dura" es convencer a las víctimas para que colaboren y cuenten lo ocurrido, para tratar así de erradicar estas redes.

Las tres liberadas hasta la fecha están bajo protección y sujetas a todos los beneficios contemplados, como ayudas o asistencias sociales. A las víctimas de trata se les ofrecen dos alternativas: volver a su país o facilitarles un permiso de residencia y trabajo, han recordado los efectivos policiales.

UNA ORGANIZACIÓN DIVIDIDA EN DOS

En este caso, se ha comprobado que inicialmente se trataba de una organización que actuaba en un único local. Pero a raíz de una "guerra interna" de los dueños, se acabaron separando en dos, independientes pero que colaboraban entre sí, ya que se "intercambiaban" las mujeres.

Pese a esa división, fue aumentando la "violencia" entre ambas bandas, hasta el punto de que tuvo lugar en Cantabria una fuerte reyerta entre miembros de las dos organizaciones que se saldó con varios heridos de gravedad, una semana antes de detenerse -hace un mes- a los 23 implicados, -"un número importante"-. Seis de ellos -los máximos responsables- se encuentran en prisión.

El núcleo de la operación -que ha culminado con la clausura de dos locales por orden judicial, algo "muy difícil" de lograr, ha apuntado Zuloaga- se ha desarrollado en Cantabria y País Vasco, con doce y seis arrestados, respectivamente, aunque también se han efectuado tres en Burgos, uno en Valladolid y otro en Palencia, por ejemplo. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad española, aunque también hay extranjeros, y con sus arrestos se da "prácticamente" por desarticulada la red.

En los registros se han intervenido más de 1.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de droga, armas blancas, un bate de beisbol, y cartuchos del calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria y varios dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles de última generación.

"LOVERBOY"
En cuanto a la captación de las mujeres, los responsables del dispositivo han explicado el "curioso" método empleado, denominado "loverboy", y que se basa en hombres que se encargan de enamorar a la chica para que abandone su país y obligarla después a ejercer la prostitución.

Buscaban víctimas vulnerables por su situación económica y familiar en países con crisis humanitarias, como Venezuela, por lo que aceptaban de forma "desesperada" el futuro prometedor que las ofrecían.

Los investigados usaban 'pasadores' o intermediarios que se encontraban en los países de origen o en el nuestro, para trasladar a las víctimas a España, aunque en ocasiones eran los propios cabecillas quienes viajaban con ellas para asegurarse el cruce de al frontera.
Se hacían pasar por sus parejas para "protegerlas" de las preguntas de las autoridades, dotando al viaje de una "apariencia turística" para pasar así "más inadvertidos". Una vez en España, eran trasladadas al club cántabro donde comenzaba su explotación sexual y laboral mediante el alterne (les sugerían, a cambio de una comisión, que incitaran a los clientes a que consumieran).

"Unas sabían a los que venían, otras no", ha señalado el coordinador de la operación y que, en cualquier caso, ha asegurado que todas ellas desconocían las condiciones en las que iban a trabajar, con "extenuantes horarios" desde las cinco de la tarde hasta las cuatro de la madrugada de domingo a jueves, y que aumentaba en una hora los viernes y sábado y en más si lo requería algún cliente.

EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL

Los explotadores fijaban los precios por los servicios sexuales -una media de tres diarios, pero a veces podían llegar a cinco o siete-. En ocasiones tenían que realizar servicios "fiados" a 'clientes VIP' o habituales que no llegaban a cobrar, y sufrían abusos sexuales por parte de los jefes de organización también.

Todos los ingresos que ganaban eran retirados hasta saldar la deuda contraída por el viaje y pagaban diariamente 55 euros, 50 por alojamiento y 5 por luz.

También estaban sometidas a "normas muy estrictas", y sufrían "amenazas" y "presiones", aumento de los pagos o incluso expulsión del club. También debían encargarse de la limpieza de las instalaciones y la comida que recibían era de "ínfima calidad".
Al margen de los delitos citados, se investigan otros por posible falsedad documental y blanqueo de capitales cometidos a través de complejos sistemas financieros y societarios, usando para ello a terceros expertos en la materia y a testaferros.