Un 15% de la población ocupada (37.687 personas asalariadas y no asalariadas) y un 53% de la desempleada (11.610 personas en búsqueda de empleo) vivían en hogares en riesgo de pobreza y exclusión social en Cantabria en 2023.

Son datos de un informe de UGT elaborado con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el 7 de octubre, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) de la que forma parte la central ugetista.

El informe de la Secretaría de Igualdad y Protección Social de UGT recopila las últimas estadísticas de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), difundida por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), y destaca que Cantabria registró en 2023 el número más alto de los últimos tres años de personas ocupadas con un empleo que residen en viviendas en riesgo de pobreza y exclusión social.

Por el contrario, disminuyó el de las personas desempleadas en riesgo de pobreza y exclusión social hasta la cifra más baja desde 2012, en un año 2023 donde se redujo el paro un 14%, de 26.400 a 22.600 personas, según la media anual de la Encuesta de Población Activa (EPA) también elaborada por el INE.

En todo caso, según la Encuesta de Vida, la población activa (ocupados más desempleados) vinculada al mercado laboral que vivía en hogares en riesgo de pobreza y exclusión social aumentó en Cantabria más de un 10% el año pasado (+ 4.530 activos) en comparación a 2022 (de 44.767 a 49.297).

Estas personas ocupadas o desempleadas que cuentan con una renta del trabajo se incluyen en la llamada tasa de riesgo y exclusión social relativa porque sus ingresos, salarios o prestaciones, aunque inicialmente fueran superiores a los umbrales de pobreza, pasan a estar por debajo cuando se divide su cuantía entre los distintos miembros de su hogar --unidades de consumo y gasto--, en lo que se denomina la renta equivalente disponible.

De todos modos, UGT puntualiza al respecto que el riesgo de pobreza y exclusión social se mide en Europa a través de la denominada Tasa AROPE, un indicador oficial que no sólo mide las personas bajo el umbral de la pobreza (10.990 euros anuales en 2023); también a las que sufren la privación material severa. Además, añade al umbral de pobreza y la privación material severa un tercer factor de medición, la baja intensidad de empleo en los hogares (miembros en edad de trabajar que lo hicieron menos del 20% de su potencial de trabajo).

Teniendo en cuenta este indicador, Cantabria fue una de la seis autonomías donde el porcentaje de población de 0 a 64 años que residía en viviendas con baja intensidad de empleo aumentó en 2023, de un 9,4 a un 9,8% (más de 43.000 personas el año pasado), la sexta tasa más alta del país y 1,4 puntos más que la media nacional (8,4% y más de tres millones de personas).

En esta misma situación de riesgo de pobreza y exclusión social medido por la Tasa AROPE se encontraban en Cantabria el año pasado más de 12.000 jubilados (el 17% del total) y otras 42.000 personas de la población inactiva que no lo eran (casi el 39% de las que no eran jubilados o jubiladas).

En España, donde se registra una media superior a la de Cantabria tanto en el umbral de pobreza como en la Tasa AROPE, un 17% de las personas ocupadas (más de 3.700.000) y un 55% de las desempleadas (algo más de 1.600.000) residían en hogares en riesgo de pobreza y exclusión social al término del año pasado.

POR DEBAJO DE 10.990 EUROS ANUALES

En relación a la población cántabra que está exclusivamente bajo el umbral de la pobreza (el 60% de la mediana de los ingresos anuales totales de un hogar dividido entre el número de sus miembros permanentes o unidades de consumo), un 9% de los ocupados (22.900) y casi un 29% de los desempleados (6.400) de Cantabria vivía en hogares con ingresos por debajo de los citados 10.990 euros anuales.

Ante estos datos, la secretaria de Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, Pilar Santamaría, ha subrayado que "la conmemoración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente está más vigente que nunca en Cantabria, en España y en todo el mundo porque la pobreza o el riesgo de ella sigue afectando a un significativo porcentaje de la población trabajadora".

Santamaría ha defendido que la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, aunque UGT apuesta por reducirla progresivamente hasta las 32 horas semanales, "contribuiría a disminuir la precariedad laboral y unas cifras de las personas trabajadoras que viven en hogares por debajo del umbral de pobreza o de la Tasa AROPE que siguen siendo muy elevadas".

Además ha enfatizado que las últimas estadísticas disponibles de la Agencia Tributaria sobre ejercicio fiscal de 2022 mostraban que más de 30.000 declaraciones de rentas del trabajo en Cantabria (18% de todas las registradas por Hacienda) no superaban los 9.000 euros anuales de ingresos y que otras 9.600 (5% del total) apenas alcanzaban los 12.000 euros.