Más del 60% de los jueces de Cantabria secundan la huelga

Más del 60% de los jueces destinados en Cantabria, en concreto 48 de 78, habían notificado a la una del mediodía su decisión de secundar la jornada de huelga convocada por las asociaciones judiciales en todo el país. Por parte de los fiscales han secundado la huelga 13 de un total de 28 (más de un 46%).

Todos ellos han reclamado "una absoluta separación de poderes, un Consejo General del Poder Judicial realmente independiente y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones profesionales dignas y al servicio de los derechos de los ciudadanos".

A diferencia de la huelga de mayo, la Administración de Justicia no ha facilitado datos de los juicios, diligencias, vistas y/o señalamientos que han tenido que ser suspendidos como consecuencia de la convocatoria de las asociaciones de jueces y fiscales. La reunión de la Sala de Gobierno que estaba prevista para hoy se ha suspendido por falta de quórum, según ha informado el TSJC.

Convocan la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

En la concentración que han celebrado a mediodía en el patio del complejo judicial de Las Salesas, las asociaciones de jueces y fiscales han recordado sus reivindicaciones en un comunicado al que han dado lectura el juez decano de Santander, Jaime Anta, y Jesús Arteaga, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y en el que han cuestionado el acuerdo entre partidos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

"Hechos que se producen -dicen- en el marco de una situación insostenible" en la carrera judicial y fiscal, que ha llevado a todas las asociaciones de jueces y fiscales a la huelga, y en el que "recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia judicial".

También piden medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que marca los plazos para la instrucción de las causas penales), cargas de trabajo "saludables", retribuciones "dignas", derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales, condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal, etc.

"Hoy, más que nunca, los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes", ha dicho el juez decano de Santander. Advierten que un CGPJ elegido por las fuerzas políticas "va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y en última instancia, en el propio Estado de Derecho".

Por su parte, Amaia Merchán, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cantabria y magistrada del Penal 4 de Santander, ha considerado "halagüeños" los datos de seguimiento de la huelga a nivel nacional, y ha afirmado que desde el paro de mayo, no sólo ha habido "ningún avance" sino al contrario, "casi casi ha habido un retroceso" porque "lo que en principio ya se había conseguido con el anterior Gobierno", el actual no lo reconoce.

Merchán ha opinado que "no existe ninguna voluntad para avanzar en nuestras peticiones" y ha considerado "sorprendente" la actitud de la ministra de Justicia, que "hace poco también estaba haciendo huelga".

PRESIDENTES DE LOS TSJ

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han recordado este lunes ante la convocatoria de una huelga general de jueces y fiscales que su posición institucional les impide sumarse al paro. Aún así en una declaración institucional han mostrado su apoyo a las asociaciones que han convocado esta movilización, por segunda vez en menos de un año, para "mejorar la situación actual" en la que se encuentra la Administración de Justicia.

Los presidentes de los Tribunales Superiores destacan que la Administración de Justicia se encuentra en una "situación insostenible" propiciada por los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya que "continúan sin corregir" las "graves carencias" que existen. Todo ello ha generado un "lógico malestar generalizado en toda la carrera judicial y fiscal", añaden.

Por este motivo, los presidentes han mostrado su "solidaridad" y "apoyo" a todas las reivindicaciones que defienden las siete asociaciones de jueces y fiscales y aplauden el "intento por mejorar la situación actual" que están llevando a cabo. Si bien, recuerdan que "como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma" no pueden sumarse a las "medidas de presión colectivas".