La Audiencia Provincial de Cantabria desestimaba a mediados de marzo el recurso de apelación interpuesto por el exalcalde de Noja, el ‘popular’ Jesús Díaz, ante las denuncias presentadas por ediles regionalistas, entonces en la oposición, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y contra las garantías constitucionales cometidos entre 2009 y 2014. En dicha sentencia, además, confirmaba la validez del auto impugnado por Díaz “en todos sus extremos”. Este miércoles, y según ha podido saber este diario, se ha comunicado la fecha en que el exalcalde ‘popular’ se sentará en el banquillo. Será el miércoles 28 de junio a las 9:45 horas.

Díaz deberá declarar por la demanda del PRC, que en 2014 denunció varios delitos de prevaricación administrativa y malversación a consecuencia de la “pasividad” del equipo de Gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras, y que tuvo alquilado un hijo del edil de Medio Ambiente, Emilio Gándara Lavín, contra el que no ejerció medida alguna pese a que su “ilegalidad” fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por "inacción y dejación de funciones".

Díaz deberá declarar el 28 de junio por presuntos delitos cometidos entre 2009 y 2014

En el auto de la Audiencia de Cantabria también se contempla la declaración como investigados, antes imputados, de Manuel María Alonso Torre, primer teniente de alcalde en la anterior legislatura del PP, José Luis Sáenz Messia, secretario municipal, y el concejal de Medio Ambiente en esos años.

A las “numerosas irregularidades”denunciadas se sumaron posteriormente más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto”. Asimismo, el PRC cifra en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición en aquellos años, de ahí el supuesto delito contra las garantías constitucionales. Además, la denuncia advierte de duplicidades en las facturas, servicios facturados sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales sin contrato o fraccionamientos para eludir la normativa.

Detenciones en Madrid

La citación judicial de Jesús Díaz se da a conocer el mismo día en que el exsecretario general del PP de Madrid y expresidente de aquella Comunidad, Ignacio González, ha sido detenido en el marco de la operación Lezo, llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la que se investiga un presunto desfalco en la empresa municipal de aguas Canal de Isabel II.

La detención de González, que fue presidente de la empresa pública, junto a otros once sospechosos de pertenecer, presuntamente, a un entramado familiar que se habría servido de la cercanía con Ignacio González para desviar fondos de operaciones llevadas a cabo a través de la empresa pública de aguas.

El juez acusa a los doce detenidos de ocho diferentes delitos de corrupción: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

La detención de González cierra un periodo de 20 años en los que todos los secretarios generales del PP de Madrid han sido investigados, imputados, detenidos o encarcelados por diversos delitos

20 años de corrupción

La detención de González cierra un periodo de 20 años en los que todos los secretarios generales del PP de Madrid han sido investigados, imputados, detenidos o encarcelados por diversos delitos. El primero de ellos, Ricardo Romero de Tejada, ostentó el cargo entre 1996 y 2004, y fue alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001, cuya gestión estuvo salpicada de escándalos urbanísticos.

Imputado por el caso Bankia, fue colocado como consejero en Caja Madrid por Esperanza Aguirre, y según las investigaciones gastó un total de 212.216 euros de la entidad financiera a través de las conocidas como tarjetas ‘black’.

Su sucesor en el PP de Madrid fue Francisco Granados, que además de ser secretario general del partido entre 2004 y 2011 ocupó diversos cargos en la Comunidad, desde alcalde de Valdemoro (1999-2003) hasta Consejero de Presidencia entre 2004 y 2011, llegando a ser Senador de 2003 a 2014.

Número dos de Esperanza Aguirre cuando esta era Presidenta de la Comunidad de Madrid, se convirtió en el ‘hombre fuerte’ de su gobierno durante esos años. Su nombre está relacionado con diversas causas judiciales y casos de corrupción, entre ellos el caso Gürtel, el espionaje político en la Comunidad y laoperación Púnica. Granados se encuentra en prisión preventiva desde el 31 de octubre por este último caso.

El ahora detenido Ignacio González también ha sido número dos de Aguirre, bajo cuyo mandato fue vicepresidente de la Comunidad, portavoz del Gobierno y Consejero de Cultura y Deportes entre 2003 y 2012, tras lo cual pasó a ocupar el cargo de Presidente. También ha ostentado cargos en el Gobierno de España como Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (2002-2003), Secretario de Estado de Administración Pública (1999-2002) y Subsecretario de Educación (1996-1999).

Compra fraudulenta

La investigación de la operación Lezo se centra en la compra fraudulenta de filiales en Iberoamérica y también en otras operaciones sospechosas relacionadas con la venta de suelo propiedad de la empresa de aguas de Madrid. En una de esas operaciones intervino como promotor José Juan Caballero, cuñado de González y, según los investigadores, uno de los integrantes del círculo de personas de confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid. Se trata de la construcción del parque deportivo de golf en Chamberí, que se encuentra a escasos metros de la sede central del Canal Isabel II en Santa Engracia en la que se ha personado este miércoles la Guardia Civil.

Las obras y la explotación del campo de golf en Chamberí fueron adjudicadas durante su etapa como máximo responsable en el Canal a empresas temporales dirigidas por un entramado familiar en el que figuran el hermano y el cuñado de González.

Entre las empresas a las que se ha requerido información figuran Mercasa, de la que es directivo Pablo González, y Subastas Segre, de la que es propietaria la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

Mercasa es una empresa pública de la Administración del Estado que presta servicio público al conjunto de la cadena alimentaria gestionando los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercamadrid o Mercabarna.

Perros en su casa

Además de los registros en Canal de Isabel II, dos perros de la Guardia Civil se encuentran en el interior de la vivienda del expresidente de la Comunidad de Madrid en busca de posibles billetes ocultos en el inmueble, han indicado fuentes próximas a la investigación a Europa Press.

González permanece en el domicilio acompañado de su abogado mientras que los agentes están buscando indicios de la comisión de los delitos que se le imputan dentro de una supuesta trama de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II tras ser detenido como principal partícipe de la corruptela.

La operación parte de la documentación que los funcionarios del Gobierno de Cristina Cifuentes trasladaron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras detectar "anomalías" en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica.

En mayo de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes informó que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013.