Los instaladores energéticos denuncian “poco control” de la Inspección de Sanidad contra la legionela

La asociación Energía Cantabria, integrada dentro de la CEOE-Cepyme y que agrupa a empresas del sector de la calefacción, climatalización, fontanería, gas y renovables, reclama al Gobierno de Cantabria un mayor control en relación a las instalaciones eléctricas y denuncia "graves carencias de desarrollo y control legislativo", algo que, en su opinión, lleva a sucesos como la fuga de gas en el Hotel Campomar en Isla (Arnuero) o el brote de legionelosis en el Balneario de Liérganes.

En un comunicado remitido al hilo de estos recientes sucesos, que han dejado varios afectados de diversa consideración y un fallecido en cada uno de ellos, Energía Cantabria ha denunciado, entre otros aspectos, el "poco control", "quizá también por la falta de formación", de la Inspección de la Consejería de Sanidad en relación a la legionelosis.

Y es que, según ha señalado, "solo se requiere y se inspecciona en sitios críticos", como residencias de ancianos u hoteles grandes, entre otros, cuando -dice- "cualquier profesional detecta tuberías taponadas, falta de aislante, depósitos sin limpiar, acumuladores anulados, temperaturas bajas del agua caliente, etc, que no se corrigen".

La asociación Energía Cantabria pide al Gobierno que se ponga "coto" a la economía sumergida en la profesión

También ha afirmado que "hoy en día no existe ningún control de las instalaciones individuales de gasóleo, ni de sus aparatos de consumo", con el consiguiente riesgo medioambiental, de fugas de combustible, de contaminación por humos o del peligro de explosión.

"Nos atrevemos a decir, sin temor a equivocarnos, que ninguna instalación se controla", ha afirmado este colectivo, que también ha mantenido que "no existe un control de aparatos de consumos de gas" y ha denunciado que el 40% de las calderas y calentadores de gas que se reponen en Cantabria es "desde la economía sumergida".

Y ello a pesar de que, según ha apuntado este colectivo, es "obligatoria" la emisión de un certificado de cambio de aparato, que, sin embargo -critica- "no se exige".

Además, ha recordado también que es "obligatorio" un contrato de mantenimiento en instalaciones mayores de 70 kw y ha puesto en duda que esto cumpla en la mayoría de locales públicos.

En cuanto a las instalaciones térmicas, la asociación Energía Cantabria ha afirmado que "no se cumple" lo que establece la normativa sobre inspecciones, que, según explica el colectivo, son obligatorias a partir de los 15 años de antigüedad.

A juicio de este colectivo, esto "no es por falta de personal, es por falta de desarrollo legislativo".

Además, considera que lo que establece la normativa en relación al mantenimiento en instalaciones térmicas y solares está también "olvidado totalmente".

También ha denunciado "ausencia de las inspecciones periódicas de eficiencia energética".

En su comunicado, este colectivo ha criticado que, por ejemplo, todos los grandes almacenes vendan aparatos de aire acondicionado sin que sea necesario -dice- "cumplir ningún requisito para comprarlos e instalarlos" cuando "a los profesionales, registrados, les piden para su instalación una autorización para poder trabajar con gases fluorados y estar en posesión del carnet de climatización". Así, asegura que "por lo menos el 70% de ellos se instalan sin ningún control".

Por todo ello, desde la asociación se insta a los responsables de las áreas de Industria, Sanidad y Medio Ambiente en el Gobierno de Cantabria a "poner las bases para controlar todos estos incumplimiento de la legislación", algo que, a su juicio, "no es complicado".

También pide al Gobierno que se ponga "coto" a la economía sumergida en la profesión. "Nosotros estamos dispuestos e interesados en colaborar, nuestra profesión nos exige velar por la seguridad de las instalaciones, el menor consumo energético y un mayor cuidado del medio ambiente", subraya.

Energía Cantabria también ha mostrado su disposición a colaborar en una campaña de sensibilización hacia los consumidores, pues ellos -recuerda- son los responsables últimos de sus instalaciones.

Y a ellos ha advertido de que "ningún seguro, en caso de accidente, les va a amparar económicamente si no han cumplido con la reglamentación vigente".