La Guardia Civil ha destruido en Cantabria unas tres toneladas de armas, en concreto, 2.463 unidades de distintas categorías e incautadas en el marco del Plan de Control de Armas de Fuego (PICAF). Con este plan se trabaja en la prevención del tráfico ilegal de armas de fuego, la no recuperación de las inutilizadas, la no transformación de la consideradas detonadoras y de aire o gas comprimido en armas de fuego de pequeño calibre, e incluso la no fabricación artesanal de ingenios capaces de disparar munición real, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Entre las armas destruidas, mediante un proceso de fundición, había más de 500 unidades de las consideradas armas largas (escopetas y rifles), más de 300 pistolas o revólveres, dos subfusiles y más de 1.600 armas prohibidas, inutilizadas, detonadoras, de aire o gas comprimido, simuladas, defensas eléctricas paralizantes, fusiles de pesca submarina o armas blancas.

La Guardia Civil ha informado de la destrución de estas armas y de las inspecciones que se están llevando a cabo en Santander, Torrelavega, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Santoña y Laredo sobre las armas de fuego inutilizadas y detonadoras para que se adapten a la nueva normativa europea. La finalidad de esta adaptación es garantizar que estas armas no hayan sido transformadas para utilizar munición real, y atestiguar la irreversibilidad de las ya inutilizadas. Igualmente hay que comprobar la existencia de un marcado único común, estar en posesión del certificado de inutilización y posteriores controles periódicos para impedir que las mismas tengan un destino final ilícito y puedan ocasionar una situación de riesgo para las personas.

Las diferentes Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cantabria se están poniendo en contacto con todas aquellas personas residentes en la comunidad autónoma y en posesión de este tipo de armas para informarles de esta nueva norma y de la necesidad de poner a disposición de estas unidades las citadas armas para las diferentes comprobaciones y nueva documentación. El no cumplimiento de esta norma que conlleve el almacenamiento, circulación, comercio, transportes o utilización, puede ser constitutivo de una infracción muy grave a la ley de protección de la seguridad ciudadana, con sanciones que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros. Además, dependiendo de las circunstancias, incluso podría considerarse un delito de tenencia ilícita de armas. Así, todos aquellos poseedores de este tipo de armas que por diferentes causas no quieran adaptarse a la nueva norma y sus requisitos deberán hacer entrega del arma en cualquier Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, pasando la misma a su destrucción sin coste alguno. La Guardia Civil ha recordado que desde el pasado año ha puesto en servicio el sistema de cita previa en las Intervenciones de Armas y Explosivos.