El Gobierno de Cantabria y el expresidente regional y del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, no participarán finalmente como acusación en el juicio contra los siete jóvenes acusados por el 'escrache' en febrero de 2014 al entonces presidente de Cantabria y líder del PP durante un acto en la Universidad de Cantabria (UC).

Así lo ha anunciado hoy en un comunicado la Asamblea 'Preguntar No Es Delito', que ha explicado que la retirada como acusación particular de Gobierno y Diego "no acaba con la pesadilla", pues sus testificales siguen constando en el proceso y la Fiscalía continúa imputándoles "delitos, multas y cárcel".

Aún se enfrentan a penas de 35.000 euros de multa y un año de prisión e inhabilitación.

De este modo, el juicio se celebrará el 25 de octubre, como estaba previsto, porque "inexplicablemente", en su opinión, el proceso ha continuado, y aún se enfrentan a penas de 35.000 euros de multa y un año de prisión e inhabilitación.

La asamblea adjunta una fotografía de la diligencia, fechada el 21 de septiembre, en la que se comunica a las partes que el Gobierno de Cantabria, "ha renunciado al ejercicio de acciones civiles y penales" como denunciante, por lo que se le suprime del listado como tal, mientras Diego, que también figuraba inicialmente como denunciante, cambia su condición procesal a la de testigo.

Esta retirada como acusación particular del Gobierno autonómico y el entonces presidente Ignacio Diego, que estaban personados como acusación particular, el colectivo espera que se deba "a que han entendido que no se sostienen las acusaciones y han preferido desmarcarse de esta historia antes del juicio".

En este sentido, el colectivo ha denunciado que "casi cuatro años después de aquel acto anunciado como público en la Universidad" sigue inmerso "en un angustioso proceso" porque el juicio, pese a la retirada de las citadas acusaciones, "sigue incomprensiblemente en pie".

Según los siete jóvenes implicados, "nada de eso ocurrió (el escrache)" y los vídeos que han aparecido desde entonces "han ido poniendo a cada uno en su sitio, confirmando punto por punto nuestra versión", afirman.

Los siete jóvenes han manifestado que, "más allá de cuestiones judiciales técnicas", el proceso ha hecho que durante este tiempo hayan "sentido miedo por ser prejuzgados" en sus estudios o empleos. "Hemos buscado trabajo con la continua sensación de no tener derecho a la intimidad, de ser señaladas y expuestas como personas peligrosas".

"Sentimos la preocupación de la gente de nuestro entorno, asombrada por la maquinaria que nos ha expuesto vinculados a delitos muy graves y ha tratado de destrozar nuestras vidas. Nos ha tocado despedir a seres queridos, que se marcharon con la incertidumbre de vernos inmersas en un proceso privativo de libertad".

"Hemos conseguido reírnos de nuestros miedos, pero las sensaciones negativas no se van de nuestra memoria. Esperamos poder superarlas a partir del 25", concluye el comunicado.