Funcionarios del Gobierno cántabro llevarán a los tribunales los "incumplimientos" en los concursos de méritos
La Junta de Personal Funcionario del Gobierno de Cantabria va a presentar una demanda contencioso administrativa contra el Ejecutivo autonómico por "incumplimientos" en el decreto que regula la convocatoria de concursos de méritos, al haber puestos de determinados grupos que "no se cubren desde hace cinco o seis años".
Según la Junta de Personal Funcionario, en la actualidad hay un total de 2.606 vacantes en la región, de las que 1.006 están ocupadas temporalmente y "podrían convocarse de forma directa". Así lo ha señalado la Junta de Personal Funcionario (integrada por TÚ, CCOO, CSIF, UGT y SIEC) este martes en rueda de prensa, en la que ha criticado la "falta de diálogo y transparencia" de la Administración y su "incapacidad de gestión" en estos procedimientos.
Según ha indicado, la norma establece la convocatoria de tres concursos de méritos anuales y el último concurso de méritos que abarcaba a todos los grupos se convocó en 2019, tardando "casi tres años en resolverse".
Los representantes sindicales han censurado que la "falta" de convocatorias afecta sobre todo a los grupos inferiores, "del cuerpo administrativo para abajo", como auxiliares. Asimismo, han denunciado que se han utilizado comisiones de servicios para cubrir estas plazas, en determinados casos convirtiéndose en una "designación encubierta", dejando de ser "temporales" y contribuyendo a la "inestabilidad" de la plantilla. En este sentido, han puesto de manifiesto la importancia que supone la convocatoria de los concursos de méritos para el desarrollo profesional del personal funcionario y la conciliación de su vida personal y laboral.
De esta forma, la Junta de Personal Funcionario ha exigido al Ejecutivo autonómico que "cumpla" el decreto que regula la convocatoria de los concursos de méritos, incluyendo a todos los grupos, para garantizar a los funcionarios el acceso a estos contratos de trabajo. Una petición, ha recordado, que realizó en diciembre de 2023 y se elevó a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ante la "falta de respuesta". Finalmente, la Junta ha indicado estudiar llevar a cabo otras medidas como concentraciones, si bien confía en retomar el diálogo con el Gobierno cántabro para tomar medidas "de negociación, no de presión".