La Fiscalía ve indicios de delito en los contratos del Servicio Cántabro de Salud

La Fiscalía de Cantabria ha remitido al juzgado de instrucción su investigación sobre las presuntas irregularidades en contratos del SCS (Servicio Cántabro de Salud), para que abra diligencias "tendentes a la averiguación de los hechos y presuntos responsables". Así lo notifica en un escrito fechado el 26 de noviembre y consultado por Europa Press, que la Fiscalía ha remitido a Izquierda Unida, la primera formación que denunció ante este órgano las presuntas irregularidades en contratos del SCS, y a la que después se sumó el PP. IU ha exigido hoy al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), que cese a la consejera de Sanidad, Luisa Real (PSOE), por llevar a la sanidad al “bochorno” de una investigación judicial.

La oposición en bloque pidió la dimisión de Real y ante la negativa de la consejera exigió su cese a Revilla, que tampoco accedió

Tanto IU como el PP veían indicios de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones. Y ello por "adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento" de la contratación menor, recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados, "desembarco" de asesores externos que "intervienen e interfieren" en los procesos de contratación, y elaboración de informes "a la carta" para "dirigir" las adjudicaciones. Ambas formaciones presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de hacerse público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria (PRC/PSOE), Luisa Real, el 8 de febrero denunciando irregularidades en su departamento. El caso provocó la dimisión del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez. La oposición en bloque pidió reiteradamente la dimisión de Real, y ante la negativa de la consejera, exigió su cese al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, que tampoco accedió a las pretensiones de PP, Podemos y Cs, a pesar del mandato del Parlamento, aprobado en forma de resolución en el Debate de orientación política del Gobierno, celebrado en junio.

El expediente informativo que abrió el Gobierno concluyó con un informe final que señala que pudo haber fraccionamiento "indebido" de contratos en varias adjudicaciones del SCS. Real replicó entonces que un fraccionamiento de contratos "no siempre es constitutivo de delito y mucho menos de corrupción" y que el informe no habla de "adjudicación irregular para aprovechamiento de terceros". El Gobierno concluyó que el informe interno no detectaba "ningún ilícito penal", aunque sí "incidencias contractuales", por lo que decidió remitirlo a la asesoría jurídica y a la Intervención General, que a su vez remitió su informe a la Fiscalía. Ya en septiembre, el Pleno del Parlamento aprobó investigar las irregularidades contractuales en el SCS en esta legislatura y también en la anterior –la del Gobierno del PP con mayoría absoluta–, pero desde entonces no se ha dado ningún paso en esa dirección.

El informe que puso fin al expediente informativo señala que podría haberse incurrido en un fraccionamiento "indebido" de contratos

El informe que puso fin al expediente informativo señala que podría haberse incurrido en un fraccionamiento "indebido" de contratos que se adjudicaron a tres empresas con "indicios de vinculación entre las mismas" pese a ser una unidad operativa o funcional. Se trata de las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa, a las que se adjudicaron obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla y también el pintado de varios centros de salud, y que según denunció el PP tienen entre sus administradores al hijo de un alcalde del PSOE, el de Suances, Andrés Ruiz Moya. El informe señala asimismo que el encargado o jefe de obra y la empresa de contacto fueron en todo momento la misma en los tres casos.

Por otro lado, el informe constata también varios ejemplos de obras que se recepcionaron antes de estar terminadas, en el caso del centro de salud El Alisal antes incluso de que empezaran, aunque se precisa que las obras "se encuentran ejecutadas atendiendo a los pliegos existentes y conforme a las previsiones facultativas y de seguimiento técnico efectuadas, así como ajustadas al uso y finalidad previstos". Lo mismo ocurre en el caso de recepción de equipamientos en los que aunque se ha constatado el efectivo suministro de los mismos, se utiliza un acta de comprobación de la inversión "ante el inminente cierre del ejercicio presupuestario, para no perder el importe de la inversión adjudicada", un procedimiento que "no se adecúa a la normativa de contratación".

Real dice que ya se han asumido responsabilidades

Real ha afirmado hoy que ya se han asumido responsabilidades con la dimisión del gerente y el subdirector de Gestión Económica del SCS. La consejera de Sanidad ha hecho estas afirmaciones en un audio enviado por su departamento tras conocerse que la Fiscalía ha remitido al juzgado de instrucción su investigación sobre las presuntas irregularidades en contratos del SCS para que abra diligencias. Real ha asegurado que "en el momento actual el Gobierno no tiene ninguna notificación en relación a la resolución de la Fiscalía" y ha mantenido que "en todo caso, si las diligencias que parece que se van a abrir ahora concluyesen en algún tipo de responsabilidad, éstas ya han sido asumidas con el cese de los dos directivos", en referencia al gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González, que presentaron su dimisión a finales de mayo después de defender su gestión en ruedas de prensa y comisiones parlamentarias tras hacerse público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la propia Real denunciando irregularidades en su departamento.