TRIBUNALES

La Fiscalía pide desestimar la demanda contra Julio Revuelta para defender la libertad de expresión

Julio Revuelta, en primer término, y Salvador Blanco, al fondo, durante el juicio

28 de abril de 2017 (18:45 h.)

El consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, presentó la denuncia por un presunto delito de intromisión en el derecho al honor, algo que no puede tener una "posición relevante" frente a la libertad de expresión, máxime cuando ambas partes "son de relevancia pública".

Pasaban las 9:30 horas de este viernes cuando comenzaba el juicio de la denuncia del consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, al secretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta, por un presunto delito por intromisión en el derecho al honor del primero a raíz de unas declaraciones realizadas por el segundo en una radio, y en las que se hacía eco de las “irregularidades” en la empresa pública bajo su mandato recogidas en el informe de la Intervención General del Gobierno de Cantabria, y del auto de la Audiencia Provincial sobre GFB, que apuntaba que había existido una “gestión poco ética”. Tras escuchar a las partes, la Fiscalía ha interesado “desestimar la demanda” al considerar que “la libertad de expresión tiene una posición relevante frente al derecho al honor”, máxime cuando ambas partes son “de relevancia pública”.

Durante el juicio, en el que han declarado tanto Blanco como Revuelta, el consejero delegado de Sodercan ha insistido en que la auditoría contiene “conclusiones que son recomendaciones”, muchas de las cuales ya estaban en marcha cuando se hizo público el informe. Asimismo, ha señalado que en caso de que la Intervención General hubiera encontrado delitos “lo habría puesto en manos de la Fiscalía”.

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La representación de Revuelta ha considerado que es una “demanda política” y “cuando menos temeraria”
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Sin embargo, y a preguntas de la defensa de Revuelta, ha reconocido que el informe, además de las conclusiones, recoge “irregularidades”, aunque ha matizado posteriormente que son “discrepancias en la gestión, y no son ilícitos, penales ni de alcance”, denunciando que las declaraciones de Revuelta “descontextualizan el informe y se usa para atacarme”.

Demanda temeraria

Por su parte, la representación de Revuelta ha considerado que es una “demanda política” y “cuando menos temeraria”. “Que un representante político no pueda hablar ataca la esencia de la Constitución”, ha expresado en su alegato final. Similar ha sido el testimonio del propio Revuelta, quien en todo momento ha negado que su partido reclame una responsabilidad judicial, “solo política” por los “perjuicios económicos” que la gestión de Blanco ha podido producir en Cantabria.

Asimismo, Revuelta ha asegurado que “se ponen palabras en mi boca que yo no he dicho”, sino que se han expresado “en sede parlametaria”, donde, como ha recordado, se ha reclamado hasta en tres ocasiones el cese de Blanco al frente de Sodercan por parte de todos los partidos de la oposición (PP, Podemos y Ciudadanos). Por otro lado, ha afirmado que en las declaraciones se limitó a expresar la posición política de su partido, y que "en ningún caso le imputa ningún delito" ni relaciona con él la palabra "robar", sino que habla "siempre en términos de gestión irregular".

El líder de Podemos Cantabria ha asegurado que durante la entrevista radiofónica objeto de esta demanda “transmite lo que ya se sabía” en relación al informe de la Intervención General y del auto sobre GFB. En este sentido, su abogada ha asegurado que “aquí nadie imputa delitos”, sino que se habla de “gestión irregular, y lo ratificamos”.

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Salvador Blanco ha declarado que las palabras de Revuelta le han “afectado personalmente”, y ha reconocido sentirse “víctima por mi persona y no por mis actos”
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A su juicio, lo que pretende Salvador Blanco es “ocultar algo conocido por la ciudadanía” respecto a las “graves irregularidades” que señala el informe, entre las que ha destacado “trocear contratos, incumplimientos significativos de la legalidad en 39 convenios suscritos por Sodercan o préstamos a terceros sin vigilancia”.

Libertad de expresión

Aunque Salvador Blanco ha declarado que las palabras de Revuelta le han “afectado personalmente”, y ha reconocido sentirse “víctima por mi persona y no por mis actos”, la Fiscalía ha considerado que el derecho al honor nunca podrá tener una “posición relevante” sobre la libertad de expresión, argumento que también ha utilizado la defensa del secretario general de Podemos Cantabria, que ha pedido el pago de costas a cargo de la parte demandante.

Durante su declaración, Blanco ha reivindicado su figura como la de un funcionario que lleva “36 años al servicio de la Administración”, durante los cuales ha “gestionado con lealtad y rigor”. Su abogado, que ha reclamado una disculpa y una multa simbólica de un euro, ha defendido que el rigor con el que Revuelta hizo esas declaraciones “fue de oídas, inventado y no contrastado”, y ha opinado en su alegato final que “debería contrastar la información antes de opinar”. Asimismo, ha considera que no procede “trasladar debates políticos a este juzgado”, si bien ha sido el propio Blanco el que ha interpuesto la demanda.

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Revilla, responsable

A la salida del juicio, que ha quedado visto para sentencia, Julio Revuelta ha reconocido sentirse tranquilo y ha adelantado que su partido seguirá “defendiendo la buena gestión pública y la libertad de expresión”. “No querían que los medios estuvieran y que no se conozca el debate parlamentario”, ha declarado el secretario general de Podemos Cantabria, en referencia a la petición del abogado de Salvador Blanco de celebrar el juicio a puerta cerrada.

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“Miguel Ángel Revilla es el responsable de que siga siendo consejero delegado de Sodercan”, ha afirmado Revuelta
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Para Revuelta, la demanda presentada por el consejero delegado de Sodercan “pretende violentar la función de los partidos políticos, que no es otra que la de hacer una labor de control al gobierno y a la gestión del dinero público que éste realiza y no es más que un juicio político”.

“Recordemos que esta gestión ya fue afeada tanto por el auto del juez de la Audiencia Provincial en el ‘caso GFB’ como por el informe de la Intervención General”, ha explicado Revuelta, quien ha reiterado que “la transcripción que hice de estos documentos en la entrevista concedida a la Cadena Ser lo que pretendía era argumentar la decisión de nuestro grupo parlamentario de no negociar la aprobación de los presupuestos mientras Salvador Blanco, responsable de una gestión irregular y de un reconocido quebranto económico para nuestra comunidad, no fuera cesado de su cargo como director de Sodercan”.

Asimismo, ha asegurado que “no vamos a transigir con las irregularidades, y vamos a luchar en la calle y en las instituciones”, y ha recordado que es el Gobierno PRC-PSOE el que “mantiene a Salvador Blanco” después de que el Parlamento haya pedido su cese hasta en tres ocasiones.

“Miguel Ángel Revilla es el responsable de que siga siendo consejero delegado de Sodercan”, ha afirmado Revuelta, reclamando que “deje de hablar de irregularidades en otros lugares y ponga freno” a lo que ocurre en Cantabria.

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