La Fiscalía acusa al Ayuntamiento de Santander de “rebeldía” y le da un mes para cambiar el nombre de 18 calles franquistas y retirar dos monumentos
El Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, ha dado un mes al Ayuntamiento de Santander, en el que el PP gobierna desde que comenzó la democracia, para que cambie el nombre de 18 calles franquistas y retire dos monumentos conmemorativos de la guerra civil y la dictadura. Así lo determina en una solicitud con fecha de este mismo lunes a la que ha tenido acceso eldiariocantabria.es y en la que, además, acusa al Consistorio que dirige Gema Igual de “rebeldía frente al cumplimiento de la ley”, y advierte de que, “de no darse cumplimiento a lo solicitado, se ejercitarán las acciones judiciales que se consideren procedentes ante la jurisdicción competente", así como que "se dará traslado a la Dirección General competente en materia de Memoria Democrática para que inicie, si procede, el procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática".
La iniciativa de la Fiscalía se produce tras la solicitud de intervención que realizaron diferentes agrupaciones memorialistas (Archivo de Guerra y Exilio, Desmemoriados, Héroes de la República y Memoria de Laredo) el pasado 13 de febrero para que este organismo realizara las “gestiones oportunas a fin de obligar al ayuntamiento de Santander a que cumpla la legislación” retirando tanto los nombres franquistas de las calles como los monumentos. Y curiosamente, no es únicamente para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, sino para cumplir con el propio mandato del Pleno municipal.
DIEZ AÑOS DE INCUMPLIMIENTO
Como señala Yáñez, esta petición es, en realidad, para cumplir con los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de 27 de agosto de 2015 y del 31 de maño de 2016. Es decir, dos acuerdos de hace casi diez años que todavía no se han cumplido. A juicio del fiscal, esta es una “inactividad de la administración municipal” con la que el Ayuntamiento dirigido por el PP “se ha situado de forma consciente y deliberada” en una rebeldía que, al ser un servidor público, “resulta especialmente grave” esta “transgresión pública de la ley mediante acciones, omisiones, dilaciones o transformaciones absolutamente injustificadas”.
En esta línea, señala que “los honores a criminales fascistas que al día de la fecha mantiene el Ayuntamiento de Santander repulsan abiertamente el derecho de reparación de las víctimas del franquismo”, y que “resulta patente, desde un punto de vista jurídico, que la legalidad vigente está siendo frontalmente conculcada”, tanto en las obligaciones que la Ley de Memoria Democrática impone al Ayuntamiento, como “en lo que se refiere al incomprensible e injustificado incumplimiento de sus propias decisiones como gobierno municipal”.
PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
Es la primera vez que un fiscal reclama formalmente a un ayuntamiento de España la retirada de nombres franquistas de su callejero, iniciando un expediente administrativo contra un consistorio por negarse a hacerlo. En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, el fiscal señala que este paso deriva de una serie de antecedentes que constaban en el ministerio público, como una denuncia de la Asociación Desmemoriados presentada en mayo de 2023 y otra colectiva interpuesta un año después (junio de 2024), que dieron lugar a diligencias de investigación sobre el callejero municipal.
Ambas denuncias terminaron en un decreto de archivo en el que se indicaba que, en su caso, y por aplicación del principio de intervención mínima, la actuación debería marcarse dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Fue a partir de esta resolución cuando la Fiscalía recibió las peticiones el pasado 13 de febrero.
CALLES Y MONUMENTOS
La Fiscalía recuerda que “el cumplimiento de cualquier ley […] no es una opción que atribuya a los particulares o a los poderes públicos una facultad discrecional de ejecución en función de sus apetencias, ideología, creencia u oportunidad política”, sino que el cumplimiento “responde a una norma constitucional sobre la que se construye toda nuestra existencia como Estado Democrático de Derecho”.
Así, en su escrito, Yáñez hace una relación de las calles y monumentos que el acuerdo plenario de Santander del pasado 31 de mayo de 2016 acordó, “por unanimidad”, retirar. En concreto, las calles son Alcázar de Toledo, Alto de los Leones, Aféreces provisionales, Belchite, Brunete, Camilo Alonso Vega, Capitán Cortés, Carlos Haya, Columna Sagardia, División Azul, García Morato, General Díez de Villegas, General Dávila, General Moscardó, Montejurra, Ruiz de Alda, Sargentos Provisionales y Zancajo Osorio. Por otro lado, los objetos conmemorativos son el Monumento a las legiones Italianas, ubicado en la Plaza Italia; y el Monumento a los caídos en la IV División de Navarra, situado en el Paseo de Reina Victoria.