El exalcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), finalmente tendrá que sentarse en el banquillo como imputado por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y contra las garantías constitucionales cometidos entre 2009 y 2014. La Audiencia Provincial de Cantabria ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el ‘popular’ante las denuncias presentadas por los ediles regionalistas que entonces estaban en la oposición, confirmando además la validez del auto impugnado por Díaz “en todos sus extremos”.

El auto, al que ha tenido acceso este diario, señala que el recurso de Díaz trataba de impugnar, “primero en reforma y subsidiariamente en apelación”, la resolución del Juzgado de Instrucción de febrero de 2015, en el que se acordaba la declaración como imputados, además del exalcalde, de Manuel María Alonso Torre, primer teniente de alcalde en la anterior legislatura del PP, José Luis Sáenz Messia, secretario municipal, y Emilio Gándara Lavín, concejal de Medio Ambiente en esos años.

Esta demanda, registrada inicialmente en junio de 2014 y en la que se denunciaban únicamente delitos de prevaricación administrativa, fue ampliada unos días después, a la que se sumó asimismo una segunda denuncia en agosto de ese mismo año por los hechos por los que ahora tendrán que declarar Jesús Díaz y el resto de imputados.

El PRC interpuso aquella primera denuncia a consecuencia de la “pasividad” del equipo de Gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras

El PRC interpuso aquella primera denuncia a consecuencia de la “pasividad” del equipo de Gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras, y que tuvo alquilado un hijo del edil de Medio Ambiente, contra el que no ejerció medida alguna pese a que su “ilegalidad” fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por "inacción y dejación de funciones".

Esta primera denuncia, en la que los regionalistas adjuntaron documentación que prueba la existencia de “numerosas irregularidades” en la contratación y adjudicación de los servicios municipales, también llegó al Tribunal de Cuentas.

La segunda denuncia, que amplía los delitos presuntamente cometidos por el equipo de Gobierno del PP, alerta de más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto”. Asimismo, el PRC cifra en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición en aquellos años, de ahí el supuesto delito contra las garantías constitucionales. Además, la denuncia advierte de duplicidades en las facturas, servicios facturados sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales sin contrato o fraccionamientos para eludir la normativa.

El auto de la Audiencia Provincial, contra el que no cabe recurso, obliga por tanto al anterior equipo de Gobierno de Noja a declarar como imputados al confirmar “el auto impugnado en su integridad”.

Irregularidades

En las denuncias presentadas, los cinco ediles del PRC que en la anterior legislatura estaban en la oposición cuestionaban también que dos de las empresas contratadas de forma "irregular" pertenecían a un familiar del secretario municipal y una tercera al concejal de Obras. 

En el texto relataban que para saltarse los reparos de Intervención motivados por la aprobación de gastos sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales y sin expediente de contratación, Jesús Díaz recurría a resoluciones directas de Alcaldía, algo que para los regionalistas era un ‘modus operandi’ que suponía un "evidente conocimiento de lo ilegal de la situación" y "una muestra de su voluntad de incumplir la ley".

Jesús Díaz recurría a resoluciones directas de Alcaldía, algo que para los regionalistas es un ‘modus operandi’ que supone un "evidente conocimiento de lo ilegal de la situación"

Por otro lado, señalaban que esta situación no evitó que las empresas afectadas continuaran trabajando para el Consistorio, por lo que el PRC sospechaba "de una posible connivencia para asumir la ilegalidad y continuar prestando los servicios", dado que además las "beneficiarias" de tales irregularidades se repetían "de manera casi permanente".

A estas denuncias se han sumado en los últimos meses varios casos de irregularidades tratados en diferentes plenos municipales. En julio de 2016 el actual equipo de Gobierno PRC-PSOE denunció una "sorpresa" en forma de facturas impagadas a un abogado desde 2009, y que ascendía a unos 800.000 euros. A esto se suma la nulidad de diversos contratos al prescindir "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", entre ellos los de ambulancias y la estructura metálica de la Casona del Carmen por valor de casi 380.000 euros, o el de conservación y mantenimiento del alumbrado público entre 2012 y 2013 por valor de 108.000 euros.

Bar sin licencia

Además de lo expuesto, el Grupo Municipal Regionalista llevó también a los tribunales una posible prevaricación al permitir la apertura sin licencia de un bar propiedad de una de las empresas del primer teniente alcalde y a su vez arrendado por el concejal de Medio Ambiente. 

Los ediles del PRC explicaban que el local permaneció funcionando con normalidad entre noviembre de 2013 hasta junio de 2014, existiendo una resolución del alcalde en la que se establecía el cierre y clausura del establecimiento tras reiteradas acciones judiciales por parte de un vecino de la localidad.

Aunque el Ayuntamiento puso en marcha una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para legalizar dicha actividad una vez se tuvo conocimiento de la denuncia, la Comisión Regional de Urbanismo la informó desfavorablemente, por lo que el equipo de Gobierno optó por reformar la Ordenanza Reguladora de Establecimientos Comerciales e Industriales y Equipamientos Comunitarios, con la que finalmente facilitó la instalación de establecimientos hosteleros y la ampliación de los horarios de apertura, a juicio del PRC, "con el objetivo inequívoco de favorecer al concejal propietario del local".

Finalmente dicho local obtuvo licencia como restaurante, pero el PRC apuntó en su denuncia que no se limitó únicamente a esa actividad, ofreciendo servicios de bar, cafetería y pub en horario nocturno, con terraza exterior, actividades lúdicas y todo tipo de actuaciones musicales y de entretenimiento. La prueba es la denuncia que cursaron varios vecinos en 2012 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, confirmando no solo la "ilegalidad", sino condenando al Ayuntamiento por no tomar medidas.