Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado alegaciones contra el tercer permiso de investigación minero que se ha presentado ante la Consejería de Industria de Cantabria, solicitando que se rechace su admisión y no se otorgue el permiso.

Este tercer permiso de investigación (PI) se denomina YUSO y está promovido por la empresa Atalaya Riotinto Minera S.L.U., del grupo Atalaya Mining; y ocupa 47 cuadrículas mineras, en los términos municipales de Santillana del Mar y Suances, afectando en menor medida a los Reocín y Torrelavega.

Según informa Ecologistas en Acción en un comunicado de prensa, los cuatro principales accionistas de Atalaya Mining son el gigante suizo de las materias primas Trafigura, la empresa metalúrgica china Yanggu Xiangguang Copper y los fondos de inversión Liberty Metals & Mining y Orion Mine Finance.

El permiso de investigación solicitado es para dos años y en el primer año está previsto realizar 118 sondeos, de profundidad media en torno a 700 metros, en las dos zonas con mineralización de zinc ya conocida, concentrados en las localidades de Queveda y Yuso, en Santillana del Mar.

Ecologistas en Acción considera "muy preocupante" que la empresa "pretenda abrir una galería de cinco kilómetros para acceder a la profundidad de 600 metros, aparte de perforar unos 100.000 metros adicionales que pueden suponer la apertura de unos 160 sondeos más".

Las alegaciones principales tienen que ver con la forma en que se han tramitado estos permisos de investigación. EA considera que se han incumplido las normas relativas a la planificación minera, con la reforma de la Ley del Suelo de 2001 aprobada en mayo de 2017, que tacha de "ilegal".

Su "única finalidad -dice- fue eliminar todo tipo de trabas urbanísticas para ejercer la actividad minera en el suelo rústico de toda Cantabria, con independencia de su clasificación y protección".

En su opinión, esta modificación legislativa que recurrieron pretende también "esquivar la doctrina de los tribunales, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como del Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de unos mineros con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medioambiente".

Otro grupo de alegaciones tienen que ver con los trabajos mineros concretos, para los que EA exige un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo que evalúe los impactos tanto de la galería de 5.000 metros, como los 280 sondeos profundos que está previsto realizar, "dado que la galería es una clara extralimitación del proyecto que solo debería contener trabajos de investigación y nunca de explotación encubierta".

Asimismo, considera que el plan de restauración "carece de solidez y de un estudio adaptado al territorio", ya que "no se contemplan las actividades que puedan verse afectadas, como la ganadería y el turismo, la fauna, la flora, los yacimientos arqueológicos, las aguas subterráneas y superficiales, el paisaje, etc.".

También rechazan el documento de seguridad y salud, que según denuncia, "contiene errores, falsedades y generalidades que delatan que se trata de un documento elaborado para otra actividad, careciendo de algo tan básico como la ubicación, el nombre de la empresa promotora (ATALAYA RIOTINTO), el nombre del representante legal de la empresa (INSERSA) o del director facultativo la misma".