El director y los funcionarios de la Oficina Anticorrupción serán nombrados por el Parlamento

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido hoy miércoles en el Parlamento la "absoluta imparcialidad" del modelo de Oficina Anticorrupción que defiende el bipartito PRC-PSOE, formada por funcionarios públicos y dependiente del Gobierno, y ha anunciado que el director y los miembros de la oficina serán nombrados por acuerdo del Parlamento. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía para presentar su presupuesto para 2019, De la Sierra ha explicado que están en estudio las sugerencias que se han recibido durante el proceso de información pública del proyecto de decreto de la oficina anticorrupción.

Según ha calculado, "posiblemente en el plazo de diez días" tendrán el texto definitivo, al que se van a incorporar algunas de las sugerencias recibidas, "fundamentalmente dirigidas a garantizar la independencia de la oficina por el sistema de nombramiento del grupo de control". En su opinión, el modelo "más independiente" de oficina anticorrupción es en el que estén implicados en su desarrollo los funcionarios públicos, que tienen una responsabilidad establecida y conocen muy bien su trabajo".

Los grupos de la oposición han criticado de forma generalizada el retraso en la puesta en marcha de las oficinas judicial y fiscal

De hecho, lo ha contrapuesto al modelo de otras comunidades autónomas, en algunos casos con un coste de 2,7 millones de euros y con una "eficacia más que discutible" a su modo de ver. "Hay discrepancias de las que podemos hablar, pero ahí no estoy dispuesto a jugar, no es el modelo que yo traería", ha señalado. De la Sierra ha salido así al paso de las críticas de los grupos de la oposición hacia un modelo de oficina anticorrupción con el que tampoco la fiscal superior está de acuerdo, y al hecho de que no se haya consignado ninguna partida para su puesta en marcha.

OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

De igual manera, los grupos de la oposición han criticado de forma generalizada el retraso en la puesta en marcha de las oficinas judicial y fiscal, y la falta de medios en la Administración de Justicia. De la Sierra ha explicado que los decretos de ambas oficinas están redactados y en negociación con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Justicia. Ha añadido que el Gobierno está en condiciones de poner en marcha la oficina fiscal "ya mismo", no así la oficina judicial, que tendría que implantarse de forma "escalonada" por el importante coste de personal que tendrá "a pleno rendimiento".

El consejero ha señalado que "hay discrepancias importantes" con los sindicatos y el asunto es "complejo". Ha puntualizado que la oficina judicial "no se ha puesto en marcha prácticamente en ningún sitio y donde se han puesto en marcha están creando "dificultades adicionales", hasta el punto de que algunos consejeros "lo critican abiertamente ante la ministra en la conferencia sectorial". En todo caso, ha señalado que hay partida para solucionar las "carencias" de personal de la Fiscalía. Por otro lado, también ha anunciado que vía enmienda se aumentará la partida de asistencia jurídica gratuita para cubrir los acuerdos alcanzados a nivel nacional en este ámbito.

Y ha anunciado que se está "a punto de finalizar" el proyecto para la ejecución de obras de consolidación en el convento de Santa Cruz, en la calle Alta, que cuentan con una partida de 600.000 euros. Ha explicado que el proyecto ha tenido que ir al Ayuntamiento de Santander y también a la Consejería de Cultura por tratarse de un bien de interés cultural (BIC). De la Sierra ha explicado que el Gobierno ha descartado la rehabilitación completa del edificio porque "costaría entre cinco y seis millones de euros que no podemos asumir".

PROTECCIÓN CIVIL

En la presentación del presupuesto, que asciende a 112 millones y crece un 28% respecto a 2015, más de 24 millones, De la Sierra ha reiterado que se han cumplido prácticamente todos los compromisos de recuperación de derechos de los empleados públicos, y ha destacado la "austeridad" en el gasto, el aumento de las inversiones y la apuesta por la Protección Civil, que tiene el presupuesto "más alto de su historia".

Podemos le ha dicho que "huele a kilómetros a presupuesto preelectoral", con medidas que llegan "tarde" y sin garantías de que se vayan a llevar a cabo con unas elecciones por medio, en alusión a la recuperación de las 35 horas. El consejero ha asegurado que no es un presupuesto "electoralista" sino de "culminación de políticas o de desarrollo de políticas que se han anunciado en el Parlamento o que incluso las ha pedido el Parlamento". Ha añadido que no han abordado la elaboración de una nueva Ley de Función Pública ni un nuevo convenio porque "no era el momento". "Menos eso hemos cumplido todo", ha asegurado.