Varios sectores vinculados a la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual han cuestionado recientemente la "relajación" de los Ayuntamientos en la concesión de licencias de apertura a los clubes de alterne.

Según recoge la memoria anual de la Fiscalía Superior, a la que ha tenido acceso Europa Press, en 2017 se han detectado en Cantabria 31 posibles víctimas de trata y solo tres de ellas se han prestado a declarar como testigos protegidos.

El informe recoge la labor que realizan en este ámbito asociaciones y ONGs como la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación o APLEC. Este último colectivo contactó el año pasado con 378 mujeres que ejercían la prostitución en los 24 clubes "activos" en Cantabria, así como en diferentes pisos, 57 de ellos estables y 78 no permanentes.

Las críticas a la actuación de los ayuntamientos respecto a los clubes y pisos se plantearon en la reunión anual de coordinación que convoca el área de Extranjería de la Fiscalía, en la que participaron representantes de la Inspección de Trabajo, Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Igualdad y de la Mujer del Gobierno de Cantabria, Servicio de Atención a la Infancia, Familia y Adolescencia, Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno, Colegio de Abogados, Sección de Menores de la Fiscalía, así como las ONG Asociación Evangélica Nueva Vida, APLEC, Red Cántabra contra la Trata y Explotación sexual y Cruz Roja.

La Dirección General de Igualdad y la Mujer ha reconocido "el serio problema que supone la relajación"

Precisamente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es uno de los organismos que ha cuestionado la actuación de los ayuntamientos en la concesión de licencias a los clubes de alterne, a la vez que ha dejado constancia de las situaciones "especialmente preocupantes de falta de higiene y salubridad de los locales", y los defectos en materia de incendios, evacuación, ventilación, que ha detectado en las inspecciones que realizó durante el año pasado en los clubes de alterne en colaboración con la Policía Nacional.

Fruto de esas inspecciones, se han remitido tres denuncias a Fiscalía y se han levantado actas por multinfracciones: 49 en materia de faltas de alta en la seguridad social, y 30 por diversas infracciones en materia de contrataciones a tiempo parcial, por incumplimientos de las normas sobre prevención de riesgos laborales y seguridad. A través de estas actas de infracción se ha paralizado la actividad de alguno de estos clubes.

Según recoge la Fiscalía en el documento consultada por Europa Press, la propia Dirección General de Igualdad y la Mujer del Gobierno regional ha reconocido "el serio problema que supone la relajación" en la concesión de licencias municipales de los clubes de alterne y prostitución, así como la publicidad en prensa y demás medios de comunicación, cuestión que se aborda en el Pacto de Estado que contiene medidas al respecto y que ya está en marcha.

Asimismo, se ha planteado la conveniencia de que la Federación de Municipios de Cantabria forme parte de las instituciones firmantes del Protocolo de Víctimas de Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual de Cantabria, que el Gobierno cántabra pretende firmar este año, al igual que lo fue del Acuerdo interinstitucional a nivel autonómico suscrito en 2017 en materia de violencia de género.

en 2017 se han tramitado en Cantabria 13 procedimientos judiciales por delitos de trata, inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores extranjeros

Por su parte, desde la Red Cántabra contra la Trata y la explotación Sexual también se considera esencial que se pueda "adoptar algún tipo de medida con los Ayuntamientos que conceden licencias de apertura a los clubes de alterne como hoteles o bares de copas sin ningún problema".

Esta asociación, que expuso el caso concreto de un chalet en la localidad de Bezana, sin licencia, al que les ha sido "imposible acceder", señalan que "los intentos de intervenir en este sentido en los consistorios han sido infructuosos" y que desde los Ayuntamientos "no quieren saber nada sobre este tema, lavándose las manos" ante hechos de notoriedad pública y ante las quejas vecinales”.

13 CAUSAS JUDICIALES POR DELITOS DE TRATA

Según datos de la Fiscalía, en 2017 se han tramitado en Cantabria 13 procedimientos judiciales por delitos de trata, inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores extranjeros, destacando el incremento de estos últimos a raíz de las inspecciones realizadas en clubes de alterne por Policía Nacional en colaboración con Inspección de Trabajo, de los que se han derivado cuatro causas.

Las nacionalidades más detectadas en las mujeres víctimas de explotación sexual son las latinoamericanas, en particular brasileñas, paraguayas, dominicanas, venezolanas, y de la Europa del Este, siendo la mayoría rumanas.

En este sentido, la Fiscalía constata en su memoria la especial situación de las mujeres nigerianas por "su inaccesibilidad, la marca psicológica que les deja el periplo vivido en el viaje desde su país de origen, la desconfianza hacia las instituciones, las dificultades idiomáticas y el temor a las represalias de los tratantes y explotadores (vudú)".