Este domingo 16 de diciembre el Movimiento Falangista de Santoña organizó un homenaje al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura franquista entre junio y diciembre de 1973, cuando fue asesinado por ETA. Cerca de medio centenar de personas, alrededor de 100 según los organizadores, participaron en este acto franquista en el que se exhibieron banderas españolas de la dictadura y símbolos de la Falange, que comenzó con una misa a las 12:30 horas en la iglesia de Santa María del Puerto y continuó con un acto-homenaje a los pies del monumento en honor a Blanco en el pasaje de Santoña. Todo ello con el visto bueno de la Delegación del Gobierno, controlada por el PSOE, y una presunta vulneración de la Ley de Memoria Histórica.

El homenaje, encabezado por Valeriano Pérez, del Movimiento Falangista de Santoña, concluyó con el lanzamiento de una corona de laurel al mar a los acordes de la Salve Marinera, con salvas de honor a los caídos y la interpretación del himno nacional, y contó también con la presencia de miembros de la Asociación Cultural José Saez Carrasco y Asociación Almirante Bonifaz del Santander.

Y al igual que en años anteriores, el acto ha contado con la autorización de la Delegación del Gobierno, ahora encabezada por el secretario general del PSOE de Cantabria Pablo Zuloaga. De hecho, este detalle fue mencionado durante el discurso para defender un acto que ensalza la figura de un presidente franquista con banderas anticonstitucionales y con símbolos falangistas.

El acto ya fue denunciado por el propio alcalde de Santoña, Sergio Abascal, en 2015, quien alertó de la vulneración de la Ley de Memoria Histórica al exhibirse públicamente “de forma constante y permanente de banderas y símbolos franquistas, así como de cánticos que lo enaltecen”.

Además, la mencionada Ley establece que  los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. La retirada “no será de aplicación cuando [...] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley”, lo cual es aplicable a iglesias y templos de culto.